La Asociación Colombiana de Ingenieros pide más claridad sobre los incentivos por reducción de consumo de energía

Bogotá. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció la implementación de la resolución 101 042, que establece condiciones para tarifas diferenciales de energía. La medida busca incentivar el ahorro energético y penalizar los consumos excesivos, especialmente en medio del crecimiento del consumo energético durante el fenómeno de ‘El Niño’.

La decisión ha generado diversas opiniones. Daniel Enrique Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) expresó sus preocupaciones sobre la falta de claridad en los beneficios para los usuarios que logren ahorrar energía.

Además, señaló que la regulación no diferencia entre las capacidades de ahorro de energía en diferentes regiones del país, especialmente en zonas cálidas como el Caribe, Pacífico y Valle del Cauca. Medina resaltó la importancia de considerar las diferencias de capacidad de ahorro y las variables de consumo en estas áreas para garantizar que la regulación sea equitativa y efectiva en todo el territorio nacional.

No es claro, montos por ahorro de energía

Otro punto de preocupación para Aciem es la incertidumbre en torno a los incentivos monetarios que recibirán los usuarios por sus ahorros energéticos. La falta de claridad en los montos reales y la distribución de estos beneficios entre diferentes estratos socioeconómicos ha generado inquietudes sobre la percepción de los usuarios respecto a la efectividad de la medida.

Además, la Asociación hace hincapié en la necesidad de liderazgo por parte del Gobierno Nacional para promover una intensa campaña de concientización sobre el ahorro energético y los beneficios de la regulación. Según Medina, es fundamental establecer metas claras y realistas para reducir el consumo de energía en el corto plazo y cumplir con los compromisos ambientales de Colombia para el año 2030.

La resolución establece que los usuarios regulados tendrán una meta de consumo individual basada en su historial de consumo. Aquellos que excedan esta meta enfrentarán costos superiores por cada kilovatio adicional, con un diferencial de tarifas según el estrato socioeconómico. Por otro lado, aquellos que logren reducir su consumo recibirán un pago al finalizar el programa, basado en el monto total recaudado y los kilovatios ahorrados.

Recordemos que el programa tendrá una duración inicial de seis meses, con la posibilidad de ser prorrogado por otros seis meses, y que no aplicará a usuarios con irregularidades en su suministro eléctrico.

Sin embargo, queda por verse cómo será recibida esta medida por parte de los usuarios y cómo impactará en sus hábitos de consumo. La falta de claridad en los incentivos y la necesidad de una campaña educativa intensa son aspectos clave para el éxito de esta iniciativa a largo plazo, según el gremio.