Nueva ley refuerza en Colombia la protección contra la suplantación de identidad

Redacción. Con la entrada en vigencia de la Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, Colombia reforzó las medidas de protección para las personas víctimas de suplantación de identidad en la contratación de servicios y productos financieros, crediticios y de telecomunicaciones

La nueva normativa eleva las exigencias para las organizaciones en materia de verificación de identidad, trazabilidad y conservación de evidencias, de manera que ya no solo deberán validar la identidad de sus usuarios, sino también demostrar cómo realizaron ese proceso y contar con los soportes que respalden sus decisiones.

Las cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) evidencian la magnitud del problema. Entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones relacionadas con suplantación de identidad, de las cuales 11.365 correspondieron al sector de telecomunicaciones, equivalente al 81 % del total. Además, desde 2020 se han reportado 40.316 denuncias por esta problemática ante la Delegatura para la Protección de Datos Personales.

Nuevas obligaciones para las organizaciones

Uno de los principales cambios está relacionado con la denominada carga dinámica de la prueba. En los casos reportados de suplantación, las entidades deberán entregar la información y los documentos que sustentaron la validación de identidad, demostrando que administraron adecuadamente las evidencias del proceso.

La norma también establece medidas frente a las obligaciones derivadas de operaciones que el consumidor asegure no haber realizado. Al recibir el reporte de una posible suplantación, la entidad deberá suspender el cobro, los intereses y los gastos de cobranza, además de reportar al afectado como víctima de falsedad, con el propósito de evitar afectaciones en su historial crediticio mientras se adelanta la verificación correspondiente.

La entidad tendrá un plazo de 10 días para responder la solicitud y entregar copia del expediente de validación de identidad. De no hacerlo dentro del término establecido, se aplicarán las consecuencias previstas por la norma respecto de los hechos reportados.

Otro de los puntos centrales es la obligación de adoptar medidas de seguridad digital para la verificación de identidad, tanto durante los procesos de vinculación de nuevos usuarios como en la autenticación de las operaciones realizadas posteriormente.

“La Ley 2573 marca un cambio significativo en materia de prevención del fraude. Ya no será suficiente reaccionar cuando ocurra una suplantación de identidad; las organizaciones deberán demostrar que cuentan con mecanismos confiables para prevenirla, validar correctamente a sus usuarios y conservar las evidencias que respalden cada decisión”, afirmó Laura Echeverría, Chief Legal Officer de OlimpIA.

La tecnología gana relevancia

El nuevo escenario regulatorio plantea retos para las organizaciones que deberán revisar sus procesos de vinculación digital, autenticación y gestión del riesgo. En este contexto, tecnologías como la biometría facial con prueba de vida adquieren mayor relevancia como herramientas para fortalecer la identificación y reducir los riesgos asociados con el fraude digital.

Estas soluciones permiten incorporar mecanismos adicionales de comprobación de identidad y generar evidencia de los procesos de autenticación, elementos que cobran importancia frente a las nuevas exigencias regulatorias.

“En OlimpIA contamos con capacidades para detectar contenido sintético, manipulación facial, clonación de imágenes y otras modalidades de fraude digital que buscan vulnerar los procesos de identificación. Solo en 2026, hemos realizado más de 43,5 millones de validaciones de identidad, entre biometría facial y dactilar, demostrando que tenemos todas las capacidades y el talento para apoyar a las organizaciones a dar cumplimiento de la norma”, señaló Echeverría.

Más allá del cumplimiento jurídico, la nueva regulación plantea un cambio en la forma de entender la confianza digital. La protección de la identidad no dependerá únicamente de ofrecer una experiencia ágil al usuario, sino también de la capacidad de las organizaciones para demostrar que implementaron controles adecuados durante todo el proceso.

Una responsabilidad compartida

La protección de la identidad digital también implica responsabilidades para los ciudadanos. Mientras las organizaciones deberán fortalecer sus mecanismos de prevención, autenticación y gestión de evidencias, los usuarios deberán proteger sus datos personales, revisar periódicamente las operaciones realizadas a su nombre y reportar oportunamente cualquier actividad irregular.

Para OlimpIA, la entrada en vigencia de la Ley 2573 representa una oportunidad para avanzar hacia modelos de identidad digital más seguros y confiables, en los que regulación, tecnología y prevención trabajen de manera articulada.

En esa línea, la compañía anunció para septiembre la segunda edición de Next Gen ID 2.0, encuentro que reunirá a expertos para analizar el futuro de la identidad digital y los desafíos relacionados con la construcción de una confianza digital segura y sin fricciones.