Bogotá. El proyecto de ley antitrámites, denominado Ley de Competitividad, superó su primer debate en las comisiones sextas conjuntas del Congreso de la República y continuará su trámite legislativo en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
La iniciativa del Gobierno nacional busca transformar la relación entre el Estado, los ciudadanos y el sector empresarial mediante la simplificación y digitalización de procedimientos, con el propósito de reducir las cargas burocráticas, facilitar la inversión y generar nuevas oportunidades para el crecimiento económico.
Tras la aprobación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Mauricio Gómez Amín, anunció la realización de cinco audiencias públicas en Neiva, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. Estos encuentros permitirán socializar el contenido del proyecto, escuchar las propuestas de los ciudadanos y empresarios y recoger observaciones para enriquecer la discusión legislativa.
El ministro Gómez Amín agradeció a los integrantes de las comisiones sextas que respaldaron la iniciativa y destacó que uno de sus principales objetivos es facilitar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99 % del tejido empresarial colombiano.
“Hoy las mipymes deben ir a cientos de entidades para que les pidan miles de papeles. Con esta iniciativa queremos simplificarles la vida, pero también facilitarles el camino a los inversionistas que quieren llegar al país. Más inversión significa más oportunidades para nuestros ciudadanos. Esperamos que este proyecto de ley siga avanzando en el Congreso y se convierta en una herramienta que beneficie a todos los colombianos”, afirmó el ministro.
Menos trámites, menores costos y más competitividad
Uno de los ejes centrales del proyecto es evitar que los ciudadanos y las empresas tengan que presentar documentos e información que ya se encuentran en poder de las entidades públicas.
Para lograrlo, la propuesta contempla fortalecer el intercambio seguro de información entre instituciones, unificar requisitos, eliminar solicitudes duplicadas y permitir que los procedimientos avancen de manera coordinada.
También busca ampliar el uso de canales electrónicos seguros para que los usuarios puedan realizar sus gestiones y consultar el estado de sus solicitudes sin necesidad de desplazamientos o trámites presenciales innecesarios.
“Con este proyecto buscamos eliminar estas cargas para reducir tiempos y costos, sin suprimir los controles necesarios, y así lograr que el país avance en competitividad”, explicó Manuel Antonio Naranjo, viceministro de Desarrollo Empresarial.
La iniciativa se estructura alrededor de cinco líneas de acción:
- Simplificar: eliminar requisitos innecesarios y documentos duplicados.
- Digitalizar: facilitar la realización de trámites mediante plataformas electrónicas seguras.
- Conectar: promover el intercambio de información entre las entidades públicas.
- Coordinar: permitir que los procedimientos puedan avanzar simultáneamente cuando la ley lo autorice.
- Controlar: mantener las verificaciones y medidas de vigilancia de acuerdo con el nivel de riesgo.
El objetivo es mejorar la eficiencia institucional sin debilitar los controles sanitarios, aduaneros y ambientales, ni las garantías de seguridad jurídica.
Medidas para facilitar los negocios y atraer inversión
El proyecto contempla disposiciones para diferentes actividades económicas, entre ellas comercio exterior, procedimientos sanitarios, urbanismo, construcción, notarías, registros, talento digital, energía y servicios financieros.
En materia empresarial, propone integrar procedimientos a través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), fortalecer el expediente digital y evitar que los emprendedores y empresarios deban entregar información que ya está disponible en las bases de datos de los organismos públicos.
Para el comercio exterior, plantea fortalecer la operación y la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), incorporar nuevos procesos y mejorar la coordinación entre las entidades que participan en las operaciones de importación y exportación.
Estas medidas buscan reducir los tiempos de gestión y facilitar las operaciones comerciales, manteniendo los controles aduaneros y sanitarios correspondientes.
Construcción y urbanismo: menos requisitos y procedimientos más ágiles
El sector de la construcción también está incluido en las medidas de simplificación. La propuesta busca facilitar los procedimientos mediante la reutilización de planos y documentos previamente presentados, así como la consolidación de las observaciones de las autoridades en un solo requerimiento cuando sea posible.
Asimismo, contempla mejorar la coordinación de los trámites relacionados con la factibilidad de los proyectos, las redes de servicios públicos y las conexiones.
En materia notarial y registral, plantea facilitar la gestión electrónica de escrituras y copias, fortalecer los mecanismos seguros de verificación de identidad e impulsar el registro inmobiliario digital.
Otro componente está orientado a mejorar el intercambio de información entre las entidades catastrales y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con mecanismos que garanticen la protección de los datos y la seguridad jurídica de las operaciones.
Cinco audiencias públicas para recoger propuestas de las regiones
Antes de que el proyecto llegue a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrollará cinco audiencias públicas en Neiva, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.
La estrategia busca llevar la discusión a diferentes regiones del país y abrir espacios de participación para ciudadanos, empresarios y representantes de los sectores productivos.
Los aportes recogidos permitirán identificar necesidades particulares, evaluar posibles ajustes y enriquecer el contenido de la iniciativa de cara a las siguientes etapas de su trámite legislativo.
Con la aprobación en primer debate, la Ley de Competitividad avanza en el Congreso como una propuesta orientada a reducir las barreras administrativas, facilitar la formalización empresarial, mejorar la eficiencia del Estado y generar condiciones más favorables para la inversión y el desarrollo productivo.
Su eventual implementación dependerá de la aprobación de los debates legislativos restantes y de las disposiciones que finalmente queden establecidas en la ley.
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