Bogotá. Colombia necesita replantear la manera en que acompaña y financia a sus pequeños productores rurales. Así lo plantea José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), quien propone que la asistencia técnica agropecuaria deje de evaluarse por el número de visitas, capacitaciones o créditos otorgados y comience a medirse por sus resultados en productividad, rentabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales.
En su columna de opinión Una oportunidad de cambio, el dirigente gremial señala que la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 representa una oportunidad para reorientar la política agropecuaria y avanzar hacia un modelo que articule asistencia técnica, proyectos productivos y financiación.
Lafaurie Rivera advierte que Colombia cuenta con más de 584.000 pequeños ganaderos, cuyos inventarios promedio se acercan a 21 animales. Aunque muchos disponen de tierra, experiencia y vocación productiva, enfrentan dificultades para acceder al capital, la tecnología y el acompañamiento especializado que necesitan para aprovechar mejor sus recursos.
Una brecha de asistencia técnica que limita el desarrollo rural
El desafío no se concentra únicamente en la ganadería. Millones de familias agricultoras que trabajan en pequeñas parcelas también enfrentan bajos niveles de tecnificación, restricciones de acceso al crédito y dificultades para comercializar sus productos.
Para José Félix Lafaurie, entregar insumos, financiar una cosecha o aprobar un crédito no garantiza por sí solo el desarrollo de una actividad productiva. Es necesario que los productores reciban orientación para tomar decisiones, mejorar sus procesos, optimizar los recursos y anticiparse a los riesgos propios del negocio agropecuario.
Como respaldo de su planteamiento, cita el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026, según el cual apenas el 16,5 % de las unidades productivas recibía asistencia técnica. A juicio del presidente ejecutivo de Fedegán, esta cifra evidencia la necesidad de cerrar las brechas de conocimiento y tecnología mediante un modelo que integre el acompañamiento técnico con instrumentos financieros adecuados.
El propósito, sostiene, debe ser que la tierra y los recursos disponibles se conviertan en fuentes sostenibles de producción, ingresos y bienestar para las familias rurales.
Garantías públicas: la importancia de prevenir los riesgos
Otro de los puntos centrales de su análisis es el costo de los riesgos que enfrenta la financiación agropecuaria. De acuerdo con los estados financieros auditados del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), citados por Lafaurie, durante 2025 se pagaron $646.165 millones por concepto de siniestros.
El dirigente aclara que estos desembolsos no pueden atribuirse exclusivamente a créditos mal estructurados, dado que en el resultado también inciden factores climáticos, condiciones de mercado y otros riesgos inherentes a la actividad agropecuaria.
Sin embargo, considera que una parte de estos riesgos podría prevenirse mediante una mejor asistencia técnica y un seguimiento más efectivo de las inversiones financiadas.
Su argumento es que las garantías públicas deben respaldar proyectos productivos viables, pero no sustituir la evaluación económica de los negocios ni convertirse en un mecanismo que facilite el acceso al crédito sin el debido acompañamiento al productor.
La propuesta consiste en que cada intervención técnica permita identificar oportunidades de mejoramiento en las fincas y, cuando exista viabilidad económica, estructurar proyectos productivos que puedan acceder a financiación
Bajo este enfoque, el desembolso del crédito no debería representar el final del proceso, sino el comienzo de una etapa de seguimiento a las inversiones y acompañamiento técnico para asegurar que el negocio genere resultados, el productor pueda cumplir sus obligaciones financieras y mejore sus condiciones de vida.
Medir resultados, no solamente visitas y capacitaciones
Para llevar este modelo a la práctica, Lafaurie propone que el próximo Plan Nacional de Desarrollo establezca líneas de base, indicadores y metas verificables que permitan evaluar el impacto real de la asistencia técnica.
En ganadería, plantea utilizar indicadores como natalidad, mortalidad, producción de leche, ganancia de peso, carga animal, costos de producción, ingresos y capacidad de pago.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, plantea que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 convierta el acompañamiento técnico en una herramienta para generar negocios rurales rentables, mejorar los ingresos de las familias campesinas y reducir los riesgos de la financiación agropecuaria.
En agricultura, la medición debería contemplar los rendimientos por hectárea, los costos de producción, la calidad de los productos, las pérdidas poscosecha, los resultados de comercialización y los ingresos de los productores.
De esta manera, la evaluación de los programas dejaría de concentrarse exclusivamente en el número de visitas realizadas, talleres desarrollados o créditos desembolsados, para enfocarse en los cambios concretos que generan en la productividad y la economía de las familias rurales.
El presidente ejecutivo de Fedegán señala que la Federación cuenta con experiencia en este modelo de acompañamiento a través de Asistegán y que trabaja con el Banco Agrario para articular asistencia técnica, proyectos productivos y financiación.
Asimismo, afirma que desde 2020 ha planteado ante Finagro la necesidad de incorporar el acompañamiento técnico a los créditos destinados a pequeños productores.
La ADR, llamada a articular los instrumentos de desarrollo rural
En su propuesta, Lafaurie identifica a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) como una entidad que podría desempeñar un papel estratégico en la articulación de los programas de extensión agropecuaria y los proyectos productivos.
Para avanzar en esa dirección, plantea una coordinación institucional entre el Ministerio de Agricultura, Finagro, el Banco Agrario, la ADR y los gremios de la producción, mediante el desarrollo de proyectos piloto regionales para la ganadería y la agricultura.
La iniciativa permitiría evaluar experiencias concretas, identificar los modelos que generen mejores resultados y ampliar progresivamente aquellos que demuestren efectividad.
El planteamiento busca aprovechar y coordinar los instrumentos institucionales existentes, definir responsabilidades y establecer mecanismos de financiación y evaluación, sin que ello implique necesariamente crear nuevas estructuras burocráticas.
Según el dirigente gremial, una política de esta naturaleza podría contribuir a producir más en la misma extensión de tierra, mejorar los ingresos de los hogares rurales y reducir la exposición al riesgo tanto para las entidades financieras como para los fondos públicos. Estos son los resultados esperados de su propuesta y dependerán de su implementación y sostenibilidad.
El objetivo: consolidar una clase media rural
Más allá de los indicadores productivos y financieros, Lafaurie considera que Colombia enfrenta un desafío estructural: generar las condiciones para consolidar una clase media rural.
En su columna señala que el 82 % de los productores son pequeños y sostiene que la política agropecuaria debe facilitarles la acumulación de activos, el crecimiento de sus ingresos y una mayor participación en las economías locales.
Desde esta perspectiva, el pequeño productor debe ser reconocido como un empresario rural que necesita mucho más que un préstamo. Requiere un proyecto productivo económicamente viable, asistencia técnica orientada a resultados, acceso a mercados, infraestructura, conectividad y condiciones que le permitan planificar sus inversiones a mediano y largo plazo.
Una finca más productiva puede generar empleo, dinamizar la demanda de bienes y servicios, fortalecer el comercio de los municipios y crear nuevas oportunidades económicas para los jóvenes, contribuyendo a que encuentren alternativas de desarrollo en el campo.
El planteamiento de Fedegán pone así sobre la mesa una discusión de fondo para la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo: pasar de una política rural centrada en la entrega de apoyos a un modelo que articule conocimiento, inversión, financiación y seguimiento para generar capacidades productivas y riqueza en el territorio.
El reto, concluye la propuesta de Lafaurie, es dejar de administrar las carencias del campo y avanzar hacia una política que permita a los pequeños productores construir negocios rentables, acumular patrimonio y convertirse en protagonistas del desarrollo económico y social de Colombia.
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