Bogotá. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) expresó su rechazo frente a la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales, contemplada en el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023. Según la Junta Directiva, los incrementos definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) son “exorbitantes” y no reflejan la realidad productiva de la tierra ni las carencias que persisten en la ruralidad colombiana.
Fedegán recordó que el rezago promedio de 15 años en los avalúos catastrales obedece al incumplimiento del Estado de la Ley 14 de 1983, por lo que no puede trasladarse la carga a los ciudadanos. En ese sentido, la organización exigió que cualquier reajuste se haga de manera progresiva, proporcional al tiempo de omisión estatal.
La entidad cuestionó la metodología establecida en la Resolución 1912 de 2024 y pidió una auditoría técnica y externa. Asimismo, solicitó suspender la aplicación de los porcentajes definidos en la Resolución 2057 de diciembre de 2025 hasta que se realice dicha revisión. Fedegán insistió en que los avalúos deben ajustarse al mandato de la Ley 101 de 1993, que ordena considerar únicamente la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios agropecuarios.
El gremio también rechazó las declaraciones del presidente de la República y del ministro del Interior, quienes señalaron que el ajuste busca “que los ricos paguen impuesto”. Según Fedegán, este discurso desconoce que el 98,6 % de los predios afectados son menores de 100 hectáreas, lo que implica un impacto directo en pequeños productores, campesinos minifundistas y la clase media agropecuaria.
Finalmente, la organización criticó que se pretenda trasladar la responsabilidad a alcaldes y directores regionales del Igac, al considerar que se trata de un problema de origen central que requiere una solución única y nacional. Fedegán agradeció, no obstante, la disposición de los alcaldes para garantizar una aplicación justa de las tarifas.
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