MinComercio denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos de Fontur por más de $125.000 millones

Bogotá. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, dio a conocer una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), correspondiente al Gobierno anterior, tras identificar la suscripción de 148 contratos por un valor superior a los $125.000 millones durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

De acuerdo con la información presentada por el funcionario, más de $100.000 millones de esos recursos fueron comprometidos en apenas dos días, situación que motivó una revisión de los procesos contractuales y de la documentación relacionada con las operaciones.

Según explicó Gómez Amín, el análisis identificó posibles irregularidades en los procedimientos de contratación, presuntos incumplimientos de requisitos legales y eventuales inconsistencias que podrían involucrar falsedades en documentos, fechas y firmas.

Hallazgos serán puestos en conocimiento de los organismos de control

El ministro informó que los hechos identificados ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, anunció que se remitirá la información a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que estas entidades adelanten las investigaciones correspondientes, dentro de sus competencias.

La actuación busca que los organismos competentes examinen los procesos contractuales, determinen si existieron irregularidades y establezcan las eventuales responsabilidades a que haya lugar.

Gómez Amín reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia en la gestión pública, la protección de los recursos del Estado y el suministro de información a la ciudadanía sobre las actuaciones administrativas.

“Y lo que encontremos, lo vamos a denunciar”, afirmó el ministro al referirse a la revisión de la contratación de Fontur.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán verificar los hechos denunciados y determinar si las actuaciones contractuales se ajustaron a las disposiciones legales.