Bogotá. Tras el comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional de Fedegán, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) consideró necesario precisar los alcances y resultados del proceso de disminución del rezago en los avalúos catastrales rurales, una medida que busca cerrar brechas históricas de información, en algunos casos superiores a 15 o incluso 30 años.
El Igac explicó que la actualización se fundamenta en variables como uso del suelo, productividad, localización y dinámicas del mercado rural, con el propósito de mejorar la precisión de la información catastral.
Impacto en los predios rurales
Según la entidad, del total de 1,9 millones de predios rurales beneficiados, más del 76 % registra avalúos inferiores a $50 millones y el 93 % por debajo de $200 millones, lo que demuestra que no se trata de un incremento generalizado desproporcionado.
De los 1,85 millones de predios con extensiones de hasta 50 hectáreas, el 76 % mantiene avalúos menores a $50 millones.
En predios de hasta 100 hectáreas, el 79 % conserva avalúos por debajo de esa cifra, lo que evidencia que la medida no afecta de manera generalizada a pequeños y medianos productores.
Diferencia entre avalúo e impuesto
El Igac subrayó que el avalúo catastral es un insumo técnico, mientras que la gestión del Impuesto Predial Unificado corresponde exclusivamente a alcaldías y concejos municipales. En ese sentido, las tarifas o alivios tributarios son decisiones fiscales locales y no derivan directamente del proceso de actualización.
De acuerdo con la Ley 1995 de 2019, para el 98,6 % de los predios rurales —con extensiones inferiores a 100 hectáreas— el incremento del impuesto en 2026 no debió superar el 50 % frente al año anterior.
Revisión y participación social
La entidad destacó que la Resolución 384 de 2026 habilita a las Direcciones Territoriales para revisar resultados cuando se identifiquen inconsistencias, en coordinación con veedurías, juntas de acción comunal y organizaciones sociales. Estas revisiones se realizarán en territorio, con criterios técnicos y participación comunitaria.
A través de los comités sectoriales acordados el 14 de abril, se adelantarán ajustes focalizados en los municipios donde se requiera.
Finalmente, el Igac reiteró que el debate público sobre el catastro debe sustentarse en información verificable y análisis técnico riguroso, evitando generalizaciones que puedan generar percepciones erróneas sobre su impacto en el sector rural.
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