Contrabando de grano de cacao pone en riesgo la sostenibilidad de los cacaoteros colombianos
Región. La Federación Nacional de Cacaoteros alerta a los productores, a las instituciones y a la opinión pública sobre la crítica situación que enfrenta el subsector cacaotero en Colombia debido al contrabando y, la comercialización ilegal de cacao y la evasión de la Cuota de Fomento Cacaotero. De acuerdo con información de las autoridades, esta actividad ilícita estaría movilizando importantes volúmenes de grano hacia el vecino país de Ecuador a través de pasos fronterizos informales.
Esta problemática ha sido denunciada por Fedecacap y su Junta Directiva desde 2024 ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), así como ante gobernaciones y alcaldías, entre otras entidades. Sin embargo, la situación no solo persiste, sino que se ha agravado sin una respuesta institucional efectiva, afectando de manera directa la sostenibilidad del subsector, la asistencia técnica, la investigación y el sustento de más de 65 mil familias productoras en el país, así como también se afectan las economías locales, municipales y departamentales en cuanto se incumplen con normativas para el comercio local.
Entre 2024 y 2025, el comercio irregular ha generado una caída cercana a 19.964 toneladas en la producción nacional, que equivale a una evasión importante de recursos; fundamentales para la investigación, la asistencia técnica y el desarrollo del subsector. Esta situación genera competencia desleal, distorsiona el mercado, debilita la competitividad del cacao colombiano en los mercados internacionales y reduce significativamente la reinversión de recursos en beneficio de los productores.
Ante esta grave situación, Fedecacao hace un nuevo llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten acciones inmediatas y contundentes frente a los responsables del contrabando, mediante la investigación y sanción de estas prácticas, el fortalecimiento de los controles en la cadena de comercialización y exportación, y la articulación de esfuerzos interinstitucionales que permitan desmantelar estas redes ilegales.











