Bogotá. La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) manifestó su preocupación por información conocida en el marco de procedimientos agrarios que sugeriría que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estaría realizando búsquedas y cruces masivos de información patrimonial a partir del NIT de empresas e inversionistas, en lugar de iniciar el análisis desde la situación jurídica, catastral y registral de predios específicos.
Según el gremio, de confirmarse esta metodología surgirían interrogantes sobre el respeto a los principios de imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica que deben regir las actuaciones administrativas, especialmente cuando involucran inversiones privadas nacionales y extranjeras en actividades rurales.
Fedemaderas señaló que la situación sería especialmente sensible para empresas del sector forestal con presencia histórica en Antioquia, las cuales han desarrollado proyectos de largo plazo, realizado inversiones significativas, generado empleo formal en zonas rurales y contribuido al desarrollo económico, ambiental y social de los territorios donde operan.
El gremio aclaró que reconoce la recuperación de baldíos indebidamente ocupados y el ordenamiento de la propiedad rural como funciones legítimas del Estado. Sin embargo, enfatizó que estas competencias deben ejercerse con criterios técnicos, objetivos y transparentes, evitando cualquier percepción de actuaciones focalizadas contra determinados actores económicos.
Inversiones de largo plazo
“Un ambiente de confianza y certidumbre sobre inversiones de muy largo aliento, como aquellas que caracterizan a la red forestal, debe ser parte de las garantías brindadas por cualquier gobierno, convirtiéndose en base de las políticas de Estado para el desarrollo económico de los territorios”, afirmó Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo nacional de Fedemaderas.
La organización recordó que la actividad forestal requiere inversiones de largo plazo y que la seguridad jurídica es un factor determinante para el desarrollo de plantaciones forestales y el manejo sostenible de los bosques. Añadió que el país aprovecha apenas una fracción de su potencial forestal, por lo que considera indispensable fortalecer la confianza de los inversionistas.
Asimismo, Fedemaderas advirtió que cualquier práctica que pueda interpretarse como un perfilamiento institucional de empresas o inversionistas podría generar incertidumbre sobre las garantías jurídicas para el desarrollo de actividades productivas en el sector rural y afectar la confianza de quienes invierten y generan empleo.
El gremio también expresó preocupación por las posibles implicaciones internacionales de este tipo de actuaciones. Señaló que, si inversionistas extranjeros consideran vulnerados los estándares de protección contemplados en tratados internacionales de inversión, Colombia podría enfrentar reclamaciones ante tribunales arbitrales internacionales, con eventuales impactos económicos para el Estado.
Finalmente, Fedemaderas reiteró su disposición para contribuir a la construcción de una política pública rural que promueva la formalización de la propiedad, el desarrollo sostenible, la generación de empleo y la inversión responsable. Además, hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que aclare los criterios técnicos y jurídicos que orientan sus procedimientos y garantice que todas sus actuaciones se desarrollen con pleno respeto por los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, debido proceso y seguridad jurídica.
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