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Bogotá. En la última legislatura, se aprobó la primera ponencia de la reforma laboral. De los artículos propuestos por el Ministerio del Trabajo y respaldados por el gobierno, 48 fueron aprobados con proposiciones eliminando así algunos puntos que generaban inquietudes para los empresarios, 33 fueron aprobados sin modificaciones y se eliminaron 23 artículos que preocupaban al sector empresarial y a las Mipymes. Además, se incluyeron 6 nuevos artículos.

Ahora, circulan en redes sociales seis borradores de decretos propuestos por el Ministerio de Trabajo, los cuales buscan reintroducir seis puntos sensibles para las Mipymes que fueron eliminados en el primer debate legislativo. Entre los aspectos que se buscan regular está la negociación por niveles, la intermediación laboral ilegal, la votación de la huelga, los tribunales de arbitramento, los comités de convivencia laboral y la huelga en servicios públicos esenciales.

Uno de los decretos hace referencia a que los beneficios que se otorguen a un grupo de trabajadores deben ser aplicados en todas las empresas de la misma industria o sector productivo. Esto resultaría en qué sindicatos de empresas grandes impongan sus beneficios extralegales sobre las medianas y pequeñas que no podrían soportar por su nivel de ingresos u operación.

Asimismo, uno de los textos propone que las empresas de servicios públicos esenciales, como transporte, comunicaciones, electricidad y suministro de agua, puedan realizar huelgas. Esto podría tener graves implicaciones para el país al interrumpir la prestación de servicios básicos a los ciudadanos.

Tercerización laboral

No obstante, el decreto que representa el mayor riesgo para las pequeñas y medianas empresas es el relacionado con la tercerización laboral. En un intento por solucionar las malas prácticas en este tipo de contratación, el Ministerio de Trabajo busca imponer una serie de restricciones como una medida para luchar contra la intermediación laboral ilegal, en vez de reforzar sus facultades de inspección y vigilancia. Esto es especialmente preocupante ya que, en Colombia, el 98% de las Mipymes se dedican a ser contratistas de servicios para las grandes compañías.

De acuerdo con Juan Miguel Cortés Quintero, abogado laboralista y asociado senior en Chapman Wilches “La aprobación de estos decretos añade un costo adicional a las empresas, las cuales ya están enfrentando desafíos significativos debido a la reciente reducción de la jornada laboral. Con la implementación de los nuevos decretos, que introducen requisitos adicionales y restricciones más estrictas, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas podrían afectar su capacidad para mantenerse competitivas y rentables en el mercado”.

El primer aspecto que contempla el borrador de decreto referente a la tercerización laboral es que limita que las empresas contratantes establezcan condiciones para la prestación de los servicios como: los horarios y lugares de trabajo del contratista, lo que afectará la prestación de servicios de vigilancia, mantenimientos, aseo, entre otros a través de outsourcing.

Este documento también establece que las Mipymes deben demostrar capacidad financiera, administrativa y un alto nivel de provisión contable, lo cual limita su acceso a nuevas contrataciones. Este requisito es especialmente restrictivo para estas empresas, que a menudo operan con recursos financieros limitados y podrían quedar sin margen de maniobra.

El texto establece que las Mipymes no pueden depender únicamente de un cliente o ejecutar sus servicios exclusivamente para un contratante. Esto va en contra de las políticas de apoyo a nuevos emprendimientos, ya que, al empezar, es común que tengan pocos clientes y vayan aumentando con el tiempo. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo considera esto como intermediación laboral ilegal, lo cual podría limitar el nacimiento de nuevos emprendimientos.

En este sentido, la mejor alternativa para las Mipymes es anticiparse a los decretos y prepararse adecuadamente para los posibles cambios. Esto implica realizar un análisis exhaustivo de los decretos propuestos para comprender plenamente sus efectos y cómo los nuevos requisitos afectarán sus operaciones diarias, sus finanzas y sus recursos humanos.

Asimismo, las empresas deben desarrollar estrategias para mitigar los riesgos identificados. Esto podría incluir la implementación de nuevas políticas internas, la reestructuración de procesos, o la búsqueda de asesoría legal y financiera para asegurarse de cumplir con las nuevas regulaciones sin comprometer la viabilidad del negocio.

“Si bien estos documentos aún no entran en vigencia, la anticipación es la alternativa de solución más plausible. Esto no requiere tomar medidas inmediatas, pero sí tener mapeados los riesgos y considerar los costos asociados con estos cambios. Al anticipar y planificar estos costos, las empresas pueden ajustar sus presupuestos, ajustar sus procesos para dar cumplimiento con la normativa laboral actual y buscar formas de financiar estas transiciones sin ver afectada su supervivencia en el mercado”, añadió Cortés Quintero.

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