Ley Antitrámites: Gobierno inicia audiencias públicas para recoger propuestas de empresarios y ciudadanos

Bogotá. Con la participación de empresarios, gremios, organizaciones sectoriales y ciudadanos, el Gobierno nacional inició las audiencias públicas territoriales para recoger propuestas y observaciones al Proyecto de Ley de Competitividad, conocido como Ley Antitrámites, antes de que avance su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a cargo de Mauricio Gómez Amín, fue aprobada en primer debate por las comisiones sextas conjuntas del Congreso y tiene como propósito simplificar, racionalizar y optimizar los procedimientos que deben cumplir ciudadanos, emprendedores y empresas ante las entidades del Estado.

La propuesta busca reducir tiempos y costos administrativos, facilitar la inversión y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, mediante una relación más eficiente entre la administración pública y el sector empresarial.

55 intervenciones de los sectores económicos y sociales en Bogotá

El recorrido de participación comenzó el jueves 5 de noviembre en Cali y continuó el viernes 6 de noviembre en Bogotá, donde se realizó la segunda audiencia pública en el Salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.

Durante esta jornada se programaron 55 intervenciones de representantes de diferentes sectores económicos y sociales, quienes presentaron sus observaciones sobre las medidas contempladas en el proyecto, sus posibles efectos y los ajustes que consideran necesarios para fortalecer el articulado.

Entre las organizaciones participantes estuvieron la Andi, Fenalco, Confecámaras, AmCham Colombia, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el Consejo Gremial Nacional, Camacol, Colfecar, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Cotelco y Colombia Fintech.

También participaron representantes de los sectores farmacéutico, tecnológico, turístico, financiero, de seguridad privada y de los cuerpos de bomberos.

Los planteamientos abordaron temas como comercio exterior, inversión, facilitación digital, Ventanilla Única Empresarial, logística, trámites sanitarios, urbanismo, construcción, servicios financieros, procedimientos notariales y registrales, innovación, turismo y gestión del riesgo.

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, destacó la importancia de escuchar a los diferentes actores antes de que la iniciativa llegue a las plenarias del Congreso.

“Queremos escuchar las voces de los diferentes actores territoriales antes de llevar el proyecto a las plenarias de Cámara y Senado, y así avanzar en el objetivo de lograr una mejor relación del Estado con los ciudadanos y el sector productivo, bajo una lógica de simplificación, racionalización y optimización de trámites”, señaló.

La jornada contó igualmente con la participación de los congresistas ponentes. La instalación estuvo a cargo del senador Carlos Eduardo Guevara, presidente de la Comisión Sexta del Senado y coordinador ponente, y de la senadora María Lucía Villalba, vicepresidenta de esa comisión y ponente del proyecto.

Aunque los participantes expresaron su respaldo al propósito general de reducir las cargas administrativas y mejorar la competitividad, también formularon observaciones y recomendaciones sobre disposiciones específicas de la iniciativa.

Cinco ciudades más tendrán audiencias públicas

Después de las jornadas realizadas en Cali y Bogotá, el proceso de participación continuará en Yopal, Barranquilla, Tunja, Neiva y Medellín.

La agenda concluirá con una audiencia nacional virtual, diseñada para ampliar la participación de empresarios, organizaciones y ciudadanos de las diferentes regiones del país.

Las propuestas recogidas serán revisadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Congreso de la República y las entidades competentes, con el fin de identificar posibles ajustes al proyecto antes de su debate en las plenarias.

Este mecanismo busca que la discusión legislativa incorpore las experiencias y necesidades de quienes enfrentan diariamente los procedimientos administrativos, tanto en el desarrollo de actividades empresariales como en sus gestiones ante el Estado.

Cinco ejes para reducir las cargas administrativas

El Proyecto de Ley de Competitividad contempla cinco líneas principales de acción para modernizar los trámites públicos:

• Eliminar requisitos duplicados: evitar que ciudadanos y empresas deban entregar varias veces documentos que ya están en poder de las entidades estatales.
• Digitalizar procedimientos: facilitar la realización de trámites mediante herramientas tecnológicas.
• Interconectar los sistemas de información: mejorar el intercambio de datos entre las instituciones públicas.
• Coordinar procesos administrativos: permitir que los trámites que puedan adelantarse simultáneamente no tengan que realizarse de manera sucesiva.
• Aplicar controles proporcionales al riesgo: ajustar las exigencias administrativas según las características y los riesgos de cada actividad, sin debilitar los controles correspondientes.

Entre las medidas específicas se encuentran el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), la modernización de los procedimientos notariales y registrales y la reducción de cargas administrativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La iniciativa también contempla simplificaciones en los trámites relacionados con inversión, construcción, comercio exterior y otras actividades productivas.

El objetivo es que ciudadanos y empresarios puedan realizar sus gestiones con mayor agilidad, consultar el estado de sus solicitudes y evitar la presentación repetida de documentos que ya reposan en las bases de datos del Estado.

El proyecto plantea que esta modernización administrativa se adelante sin afectar los controles técnicos, sanitarios, ambientales y de seguridad exigidos por la normativa.

Competitividad y productividad, en el centro del debate

Con las audiencias públicas, el Gobierno busca ampliar la discusión sobre una reforma que pretende reducir las barreras administrativas que enfrentan las empresas y los ciudadanos en su relación con el Estado.

La iniciativa tiene implicaciones para la formalización empresarial, la inversión, el emprendimiento y la productividad, especialmente para las mipymes, que suelen enfrentar mayores dificultades para asumir los costos y tiempos asociados al cumplimiento de trámites.

El desafío será traducir las propuestas recogidas en las regiones en disposiciones que permitan simplificar los procedimientos, mejorar la coordinación institucional y aprovechar las herramientas digitales, sin generar vacíos en los mecanismos de vigilancia y control.

El resultado de este proceso de participación será un insumo para la discusión legislativa del Proyecto de Ley de Competitividad, cuya apuesta central es avanzar hacia una administración pública más ágil y una economía con menos barreras para producir, emprender, invertir y crecer.