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Bogotá. Las propuestas de gravar insumos y servicios agrícolas contemplados en la Reforma Tributaria que cursa en el Congreso es para los palmicultores una limitante para modernizar la agricultura.

Además, “desincentivan las inversiones necesarias para cerrar las brechas de productividad del país y generan incentivos para la importación de alimentos, además de representar un sobrecosto para muchos productores, que con seguridad se verá reflejado en un aumento generalizado en los precios de alimentos”, asegura el presidente ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington.

Jens Mesa

Jens Mesa, presidente ejecutivo de Fedepalma.

Por eso, la petición desde este gremio es que se ajuste el proyecto de ley porque el  agro es uno de los sectores clave para liderar la reactivación económica y generar empleo rural.

“Consideramos que la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional al Congreso de la República requiere una serie de ajustes que permitan verdaderamente promover el desarrollo del campo, aumentar la seguridad alimentaria del país y desarrollar su potencial exportador”, manifestó  Mesa Dishington.

“Gravar la economía de la forma como propone el Gobierno no solventa los problemas fiscales, sino que los ahonda al afectar directamente los ingresos de los hogares, los sueldos de los trabajadores y la generación de riqueza de las empresas. Es decir, afectaría la economía en general y, por tanto, su capacidad productiva y de tributación de manera sostenible y solidaria”, expuso el vocero gremial en carta enviada al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, sobre el Proyecto de Ley y reforma fiscal “Ley de Solidaridad Sostenible”.

Gravámenes para insumos y servicios agrícolas

“Respecto a las reformas propuestas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), dispersos y diversos en la cadena de producción agropecuaria, vemos con gran preocupación que se considere gravar con tarifa plena la maquinaria y herramientas necesarias para la producción, como los sistemas de riego, aspersores y guadañadoras, que hoy en día se encuentran excluidas, al igual que el gas y la energía eléctrica. Igualmente, el cambio de tarifa de 5 % a 19 % en la gasolina, el ACPM y el almacenamiento de productos agrícolas también genera desconcierto”, señaló Jens Mesa.

IVA de 5 % para aceites y grasas refinados

“Como lo hemos comentado en diversos escenarios, la estructura de IVA en la cadena de aceites y grasas vegetales presenta una distorsión al haberse establecido una tarifa diferencial entre los aceites crudos y refinados. El aceite de palma crudo (APC) está gravado con IVA a una tarifa de 5 %, mientras que el aceite refinado con destino al mercado nacional está gravado al 19 %. Esta diferencia de tarifas afecta el desarrollo de la palmicultura en Colombia ya que, genera un incentivo en favor de la informalidad y resta competitividad a nuestra agroindustria. La problemática no se resuelve en la propuesta de reforma tributaria, la cual debería establecer en 5 % la tarifa para ambos productos”, fue su planteamiento.

Recomendaciones para el campo

“En ocasiones anteriores hemos propuesto analizar y emular experiencias como la de Perú en materia de tributación para el agro (Ley 27360) donde al instaurar una tasa de tributación en renta de 15 % para las empresas del sector agropecuario, se alcanzó un desarrollo sin precedentes, permitiendo diversificar la oferta exportable nacional y creando, de esta manera, externalidades positivas sobre el crecimiento, el empleo en el campo y la economía en general”, consideró Mesa Dishington.

Argumentó que este tipo de medidas permiten impulsar la transformación de muchas operaciones productivas (que durante años han sido desarrollados por personas naturales), hacia esquemas de empresas (personas jurídicas) con mayor nivel de organización, tributación y formalización tanto en su operación, como en sus prácticas de contratación laboral. Una menor tributación con una mayor base de contribuyentes dará un balance final positivo, especialmente cuando la base tiene los bajos niveles de cobertura en tributación como los que actualmente tiene el sector agropecuario en Colombia.

Aceite de palma procesado

Frutos de palma, aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste y torta de palmiste son productos que obtienen los palmicultores.

El vocero de los palmicultores planteó que el esquema tributario para el sector agropecuario viene castigando onerosamente las iniciativas que se han aventurado a generar valor en la Colombia rural, alcanzando una tasa efectiva de tributación de 104,6 % según el informe final de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Eficiencia Tributaria (CEXT).

Exención de IVA para biodiésel de aceites de palma colombianos 

Jens Mesa Dishington llamó la atención respecto a la improcedencia de derogar el artículo 477 del Estatuto Tributario, el cual establece la exención de IVA para el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM.

“Desde Fedepalma estamos convencidos de que el sector agropecuario puede ser un aliado estratégico del Gobierno para consolidar la seguridad energética, cambiando el paradigma hacia una producción soportada en energías renovables y limpias y aportando al medio ambiente, y consideramos que la propuesta de gravar con IVA a los biocombustibles va en contravía de estos propósitos”, precisó.

Fue enfático en señalar que con la propuesta de pasar los biocombustibles del régimen de exentos a gravados con la tarifa plena se pone en riesgo la sostenibilidad del Programa Nacional de Biocombustibles, se encarece el precio al consumidor, desplazando la demanda por los combustibles fósiles, y se impide cumplir los compromisos que, como país, se han suscrito en el COP 21 en cuanto a la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La exención actual comparte los objetivos de los impuestos verdes al promover el uso de energía y combustibles limpios, evitando también que se trasladen mayores costos a los consumidores.

 

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