Se acaba el tiempo para que morosos públicos de Afinia hagan acuerdos de pago

Montería, Córdoba. Cinco días le quedan a las entidades del Estado que en el Caribe le deben el servicio de energía a Afinia.

El gerente general de la empresa, Javier Lastra Fuscualdo, expresó en su reciente visita a Montería que esperan que en lo que resta del mes de abril se muestre la disposición de pagar de las entidades públicas que le adeudan a la empresa.

La mayor deuda del segmento de los grandes consumidores, un total de 175.000 millones de pesos, se concentra en los clientes oficiales protegidos constitucionalmente, cifra que asciende a 159.661 millones de pesos y corresponde al 91% de estos clientes.

Aunque hasta ahora no se han afectado las inversiones por la mora de los clientes oficiales, también es cierto que para avanzar con las inversiones se requiere del pago oportuno de los clientes, y entre ellos cuenta el sector de entidades oficiales que adeuda una millonaria suma a la filial del Grupo EPM, que iniciará la terminación de contratos de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica a varias entidades oficiales que no pagan el servicio. En este caso no aplicarán suspensión sino terminación del contrato.

Vigilar el pago de los servicios públicos presupuestados

Ante el panorama de que las deudas siguen aumentando y no hay acuerdos de pago, la empresa le hace un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía para que coadyuven en la formulación y adopción de políticas acorde a las realidades y necesidades de los sectores en los territorios.

Javier Lastra, gerente general de Afinia, expuso la decisión de la empresa de dar por terminados los contratos de condiciones uniformes con las entidades que están morosas con la compañía.

Al Congreso de la República para que en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo queden incluidos los recursos para el pago de esta cuantiosa deuda y se prevean los mecanismos que garanticen la destinación de los rubros presupuestales para el pago de la energía de los clientes oficiales y, de manera preferente, en sectores de acueducto y saneamiento básico, salud, educación y alumbrado público. Otorgándoles a estos recursos un estatus equivalente o del mismo rango al que da la protección constitucional a estos sectores.

Igualmente, se pide a los órganos de control, Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que activen los medios que permitan mantener vigilancia estricta a estas entidades en el cumplimiento de las obligaciones de Ley de presupuestar y pagar los servicios públicos a su cargo.

A la Contaduría General de la Nación para que garantice que se surtan los efectos derivados de los reportes trimestrales al Informe de Operaciones Recíprocas, y semestrales al Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Solo en estos clientes oficiales con mayor morosidad $70.768 millones no han ingresado oportunamente al recaudo de la empresa, pese a la gestión integral personalizada que se ha desarrollado. Los valores adeudados por esta energía han conllevado a la empresa a recurrir a créditos o capitalización para cubrir los pagos ante los agentes del mercado.

Todas estas entidades están constitucionalmente protegidas por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía; sin embargo, la terminación del contrato del servicio es un mecanismo legal ante los incumplimientos del pago. Lo anterior, debido a la negativa de la cancelación de la deuda o acuerdos, a pesar de los distintos esfuerzos realizados ante los representantes de estas entidades.

Las entidades con mayores cuantías de deuda en los departamentos atendidos por Afinia son: