Bogotá. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0700 de 2026, con el que modifica la fórmula para el cobro de la Tasa por Utilización de Agua (TUA), incorporando criterios sociales, económicos y ambientales para determinar el valor que deberán pagar los usuarios del recurso hídrico.
La nueva reglamentación, liderada por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, busca hacer más transparente el sistema de cobro y ajustar el cálculo a las condiciones de cada territorio, además de fortalecer la protección de las fuentes hídricas del país.
Uno de los principales cambios consiste en la modificación del coeficiente socioeconómico que integra el factor regional de la tarifa. A partir de ahora, este dejará de depender de un único indicador macroeconómico e incorporará variables como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de cada municipio, la categoría municipal y la clasificación del Sisbén, cuando corresponda. La norma también reconoce los usos colectivos y comunitarios del agua, con el propósito de beneficiar principalmente a familias campesinas y productores agropecuarios.
Inversión para recuperación de ecosistemas
El decreto mantiene que los recursos recaudados por la Tasa por Utilización de Agua deberán destinarse a programas de protección, conservación, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, así como a la preservación, restauración y generación de conocimiento sobre los ecosistemas de páramo.
La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, afirmó que la modificación permitirá que los recursos obtenidos por el cobro de la tasa se inviertan en la recuperación de ríos, cuencas hidrográficas y otros ecosistemas estratégicos, fortaleciendo la gestión ambiental en los territorios.
Por su parte, el ministro de Agricultura (e), Andrés Ocampo, señaló que el nuevo esquema reconoce las condiciones de las familias campesinas y los productores agropecuarios, con el objetivo de avanzar hacia una gestión del agua más equitativa y fortalecer la producción de alimentos.
El nuevo modelo de cobro entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Durante ese año, las autoridades ambientales deberán ajustar sus sistemas de información, monitoreo y facturación para aplicar las nuevas disposiciones establecidas en el decreto.
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