Redacción. En un momento decisivo para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y la transición hacia energías más limpias, Colombia enfrenta el reto de consolidar una agenda minero-energética basada en planeación, confianza y visión de largo plazo. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de apoyarse en las capacidades ya instaladas del sector para fortalecer su aporte al desarrollo regional, la generación de empleo y la sostenibilidad.
Un sector en contracción
De acuerdo con el más reciente boletín Minería en Cifras de la Upme y la ANM, desde 2024 la historia cambió: el PIB minero pasó de 11,4 billones de pesos a 10,3 billones en 2025 y, en el primer trimestre de 2026, apenas bordea los 2,7 billones. En la práctica, el sector ha perdido cerca de una cuarta parte de su tamaño reciente y cada vez pesa menos dentro de la economía nacional.
Al mismo tiempo, los retos ambientales se intensifican: la deforestación alcanzó 72.409 hectáreas en 2025, un 6% más que en 2024, con alta concentración en la Amazonía, según el Ideam.
Voces expertas
“Colombia tiene la posibilidad de construir una hoja de ruta seria, moderna y equilibrada para el sector minero-energético. Más que empezar de cero, el reto es aprovechar la información disponible, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones de confianza”, afirmó Jackeline Henao, directora de Team Consultor.
Por su parte, XM advirtió que, ante un posible Fenómeno de El Niño fuerte en 2026-2027, el sistema eléctrico enfrentará “niveles de exigencia operativos nunca vistos” y que los embalses deberían estar por encima del 80% en agosto de 2026 para garantizar la atención segura de la demanda.
Camilo Tovar, consultor jurídico senior de Team Consultor, agregó: “El gran desafío del próximo gobierno será consolidar un equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental, seguridad jurídica y participación. Colombia tiene la oportunidad de avanzar hacia un sector más confiable, sostenible y competitivo”.
Diez decisiones clave para el futuro
Team Consultor propone una hoja de ruta con diez prioridades estratégicas:
- Diagnóstico real del sector: establecer una línea base clara de capacidades y proyectos.
- Construir sobre lo construido: aprovechar avances regulatorios y técnicos ya logrados.
- Fortalecer la institucionalidad: entidades más articuladas y eficientes.
- Garantizar la seguridad energética: señales regulatorias estables y expansión de infraestructura.
- Definir el futuro de los yacimientos no convencionales: decisiones basadas en evidencia técnica y social.
- Avanzar en la formalización minera: mejorar productividad, trazabilidad y condiciones laborales.
- Reforzar la lucha contra la explotación ilícita: enfrentarla como problema de seguridad y ambiental.
- Política de minerales estratégicos: priorizar cobre, níquel y otros insumos clave para la transición energética.
- Mejorar la coordinación Nación-territorio: reglas claras y diálogo temprano para reducir conflictos.
- Fortalecer la participación ciudadana y la consulta previa: procedimientos claros y garantías para todos los actores.
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