Procuraduría y Contraloría, llamadas a vigilar contrato de auditoría al Fondo Nacional del Ganado
Bogotá. Una auditoría por $658,8 millones a la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) puso bajo observación el proceso de contratación que adelanta el Ministerio de Agricultura. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que examinen el concurso de méritos y evalúen posibles riesgos para los recursos públicos.
Las solicitudes, radicadas mediante comunicaciones oficiales del 11 y 12 de noviembre de 2026, están relacionadas con el proceso MADR-CM-005-2026, cuyo objeto es contratar una auditoría forense a la gestión de los recursos del FNG durante las vigencias 2024 y 2025, por un valor de $658.865.400.
Fedegán aclaró que no busca impedir las auditorías ni cuestionar las facultades de vigilancia del Ministerio de Agricultura. Su preocupación, según Lafaurie, se concentra en las condiciones técnicas y económicas de la contratación, la transparencia en la selección del auditor y la posibilidad de que el tiempo disponible resulte insuficiente para desarrollar integralmente el trabajo.
“No solicitamos que se impida la auditoría. Solicitamos que se garantice que su contratación y ejecución respondan exclusivamente al interés público, a criterios técnicos y a los principios que rigen la contratación estatal”, señaló el dirigente en la comunicación dirigida a la Procuraduría.
Procuraduría: solicitud de vigilancia antes de adjudicar el contrato
En el oficio PE-01124-2026, fechado el 11 de noviembre y dirigido al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, Lafaurie solicitó disponer una vigilancia preventiva especial y prioritaria sobre el concurso de méritos, especialmente durante las etapas anteriores a la adjudicación.
La petición recoge observaciones formuladas por la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (Vesan), mediante el Oficio n.º 030 del 10 de noviembre de 2026. De acuerdo con lo expuesto por Fedegán, la organización ciudadana planteó reparos al proyecto de pliego de condiciones, los estudios previos y el anexo técnico.
Entre las inquietudes mencionadas figuran posibles restricciones a la pluralidad de oferentes, exigencias específicas de experiencia y perfiles profesionales, así como dificultades para cumplir integralmente el alcance de la auditoría dentro del plazo establecido.
Lafaurie aclaró que estos señalamientos no constituyen pruebas de irregularidades, pero consideró que deben ser examinados oportunamente por el Ministerio Público.
“Sin que Fedegán pretenda asumir como demostradas las presuntas irregularidades señaladas por dicha organización, consideramos que varios de sus reparos merecen una valoración preventiva por parte del Ministerio Público”, manifestó.
Contraloría: preocupación por el uso de los recursos públicos
La segunda comunicación, identificada como PE-01128-2026 y fechada el 12 de noviembre, fue dirigida al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas.
En ella, el presidente ejecutivo de Fedegán solicitó evaluar la procedencia de una vigilancia fiscal especial, preventiva y concomitante sobre el proceso de contratación, con énfasis en la protección del patrimonio público y el cumplimiento del principio de economía.
Según Lafaurie, una planeación contractual insuficiente podría traducirse en un gasto ineficiente si las condiciones establecidas no permiten desarrollar todas las actividades previstas ni obtener resultados técnicamente satisfactorios.
“Si las condiciones contractuales no permiten desarrollar las verificaciones exigidas, existe el riesgo de que el Estado termine destinando $658.865.400 a una consultoría cuyos productos resulten incompletos, técnicamente insuficientes o carentes de la utilidad esperada”, advirtió.
El dirigente invocó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, relacionado con el principio de economía, y las disposiciones constitucionales sobre vigilancia fiscal. También pidió revisar la suficiencia de los estudios previos, la proporcionalidad de los requisitos exigidos a los proponentes y la necesidad de emitir advertencias preventivas si se identifican riesgos para los recursos públicos.
El plazo para auditar dos años de gestión, uno de los principales interrogantes
Uno de los puntos que más preocupa a Fedegán es el tiempo previsto para ejecutar la consultoría.
El objeto contractual contempla una revisión integral de la gestión contractual, financiera, contable, patrimonial y administrativa del Fondo Nacional del Ganado durante 2024 y 2025. El trabajo también incluiría verificaciones regionales, análisis de hallazgos, cuantificación de eventuales perjuicios y elaboración de un dictamen con enfoque forense.
Sin embargo, según las condiciones del proceso citadas por Lafaurie, el contrato tendría como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026, pese a que todavía deben surtirse las etapas de selección, adjudicación y perfeccionamiento contractual.
La situación plantea interrogantes sobre la viabilidad de realizar todas las verificaciones, recopilar y contrastar evidencias, efectuar visitas regionales y entregar un dictamen con suficiente respaldo técnico dentro del periodo disponible.
En su columna de opinión titulada Auditorías sí, pero…, Lafaurie resumió la preocupación con una pregunta: ¿Cómo revisar dos años de registros contables y contractuales, realizar visitas regionales, evaluar evidencias, garantizar la contradicción de hallazgos y entregar un dictamen forense si el contrato debe finalizar el 31 de diciembre y todavía se encuentra en selección?
Requisitos de selección y acceso a la información también están bajo observación
Otro de los aspectos que Fedegán pidió examinar es la proporcionalidad de los requisitos establecidos para escoger al contratista.
Las observaciones de Vesan, recogidas en la comunicación dirigida a la Procuraduría, hacen referencia a las exigencias de experiencia especializada, los perfiles profesionales solicitados y la concentración del puntaje de evaluación en determinados factores.
La Federación también planteó inquietudes sobre el acceso a la información durante la estructuración del concurso. Según las observaciones citadas, el Ministerio habría solicitado cotizaciones a potenciales proveedores y suministrado, anticipadamente, información técnica sobre la consultoría.
Aunque Lafaurie reconoció que este procedimiento puede formar parte legítima de los estudios de mercado, pidió verificar que todos los interesados hayan tenido condiciones equivalentes de acceso a la información y oportunidades de participación.
A esto se suma la preocupación por las solicitudes de información que el Ministerio viene realizando antes de seleccionar al auditor.
“Nuestra preocupación no radica en suministrar dicha información, obligación que estamos dispuestos a atender plenamente, sino en asegurar que su recepción, custodia y eventual utilización por terceros se realicen bajo procedimientos transparentes que impidan cualquier ventaja informativa indebida”, explicó el dirigente.
¿Qué garantías técnicas tendrá la auditoría forense?
En la comunicación a la Contraloría, Lafaurie también llamó la atención sobre la necesidad de establecer expresamente las normas técnicas y profesionales que deberán orientar el trabajo de la firma contratada.
Su argumento es que una auditoría forense requiere procedimientos que aseguren la integridad, trazabilidad, suficiencia y confiabilidad de las evidencias, especialmente cuando los resultados puedan tener valor probatorio.
Por ello, mencionó disposiciones como la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, relacionadas con el ejercicio profesional de la contaduría pública, el aseguramiento de la información y las normas de ética profesional.
También insistió en la importancia de diferenciar el alcance de la consultoría privada contratada por el Ministerio de las competencias constitucionales de control fiscal que corresponden a la Contraloría General de la República.
“La contratación de una firma privada para auditar recursos públicos no puede traducirse en una disminución de las exigencias de rigor profesional, independencia técnica y sustentación probatoria”, sostuvo.
Fedegán pide considerar las auditorías oficiales anteriores
En sus argumentos, el presidente ejecutivo de Fedegán recordó que la Contraloría General de la República ya ha realizado auditorías sobre la administración de los recursos parafiscales ganaderos.
Según Lafaurie, los resultados de esos ejercicios han sido favorables y están consignados en informes oficiales. Por esta razón, considera necesario que el Ministerio de Agricultura tenga en cuenta esos antecedentes antes de comprometer nuevos recursos en una consultoría.
La discusión, explicó, no consiste en desconocer la facultad del Gobierno para profundizar en el manejo de los recursos parafiscales o evaluar la efectividad de las inversiones, sino en establecer qué aspectos no han sido resueltos por las auditorías anteriores y cuál sería el valor agregado de contratar una nueva revisión por $658,8 millones.
“Los informes de la Contraloría son antecedentes oficiales que el Ministerio debería considerar antes de comprometer recursos”, expresó en su columna.
Sanidad animal y resultados de la parafiscalidad ganadera
En medio de la controversia sobre la auditoría, Lafaurie también defendió los resultados de los programas financiados con los recursos parafiscales aportados por los ganaderos.
En su análisis destacó las coberturas de vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia bovina, que situó cerca del 99 % y señaló como verificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
También hizo referencia a la apertura de mercados internacionales, las exportaciones de carne, ganado en pie y derivados lácteos, además de los programas de promoción del consumo de carne y leche, mejoramiento genético y productividad.
Para el dirigente, estos resultados reflejan el papel de la institucionalidad ganadera y el impacto de los recursos parafiscales en el desarrollo rural y el fortalecimiento de la actividad pecuaria.
“Detrás está el esfuerzo de los ganaderos, que aportan los recursos, y una institucionalidad que los transforma en bienes y servicios para el desarrollo rural”, afirmó.
Fedegán pide revisar los riesgos antes de adjudicar
Las solicitudes presentadas ante la Procuraduría y la Contraloría tienen un propósito común: que los organismos de control evalúen los cuestionamientos sobre el proceso contractual antes de que concluya la selección y se comprometan los recursos públicos.
Fedegán insiste en que sus peticiones no buscan interferir en las competencias del Ministerio de Agricultura ni anticipar conclusiones sobre la actuación de funcionarios o particulares. La Federación plantea que las condiciones de contratación deben garantizar transparencia, pluralidad de oferentes, rigor técnico y una adecuada utilización del presupuesto.
Para Lafaurie, la vigilancia fiscal no debería limitarse a establecer posibles daños patrimoniales después de ejecutados los recursos, sino que también debe contribuir a identificar oportunamente los riesgos que puedan afectar su correcta destinación
Su posición quedó sintetizada en el mensaje central de su más reciente análisis: “Auditorías sí, todas las que estén debidamente justificadas. Pero con transparencia desde el primer día, porque el gobierno también debe dar ejemplo de aquello que exige”.











