Bogotá. El Gobierno nacional y el sector empresarial iniciarán una agenda conjunta para enfrentar uno de los principales desafíos del mercado laboral colombiano: la informalidad. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció la creación de una mesa de trabajo con el sector productivo para analizar 30 propuestas encaminadas a facilitar el tránsito de trabajadores y empresas hacia la formalidad.
El anuncio se produjo durante la presentación del estudio “De la informalidad laboral a los caminos hacia la formalidad”, elaborado por Aliadas – Alianza de Asociaciones y Gremios, organización presidida por María Claudia Lacouture, con el respaldo académico de la Universidad del Rosario.
La jornada contó con la participación del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, además de congresistas, empresarios, representantes gremiales y líderes de opinión.
“Las cifras nos muestran la dimensión del desafío y nos convocan a trabajar unidos. Desde el Ministerio del Trabajo tenemos la responsabilidad de promover la formalización y construir puentes entre trabajadores, empresarios y Estado”, afirmó la ministra López Fuentes.
La funcionaria señaló que las 30 propuestas serán estudiadas para determinar cuáles pueden convertirse en acciones viables y contribuir a ampliar la protección social de los trabajadores.
Más de la mitad de los ocupados está en la informalidad
El estudio presentado por Aliadas advierte que el mercado laboral colombiano ha mostrado avances en materia de generación de empleo, pero mantiene profundas brechas en calidad y protección.
En julio de 2026, el desempleo nacional fue de 8,1 %, frente al 8,8 % registrado un año atrás. Sin embargo, entre abril y junio de este año, el 54,5 % de los ocupados se encontraba en la informalidad.
El problema es aún mayor en las zonas rurales, donde la informalidad alcanzó el 83,2 %. En las 13 principales ciudades del país se ubicó en 40,7 %.
Para Aliadas, las cifras evidencian que aumentar el número de personas ocupadas no es suficiente. El reto consiste en lograr que el trabajo también permita acceder a seguridad social, protección frente a riesgos, experiencia verificable, productividad y mejores oportunidades a lo largo de la vida laboral.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la alta persistencia de la informalidad: el 75 % de quienes ingresan a esta condición permanece en ella. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la probabilidad estimada de pasar a un empleo asalariado formal es de apenas 3 %.
Formalizar cuesta más para las empresas pequeñas
El estudio también identifica una relación directa entre el tamaño empresarial y la informalidad. Mientras esta alcanza el 84,5 % en las microempresas, en las grandes compañías se reduce al 2,1 %.
Según el documento, para una microempresa formalizarse puede representar un costo hasta 45 % superior frente a operar sin registro, lo que constituye una barrera especialmente significativa para unidades productivas de menor escala.
La informalidad tampoco afecta de la misma manera a todos los trabajadores. El estudio registra una incidencia del 25,4 % entre los asalariados, del 82,4 % entre los independientes y del 94 % entre los trabajadores rurales no asalariados.
Por esta razón, Aliadas sostiene que las políticas públicas deben diferenciar las realidades de trabajadores y empresas y no aplicar una única fórmula para todo el mercado laboral.
30 caminos hacia la formalidad
La propuesta presentada plantea soluciones dirigidas a distintos grupos de trabajadores y empresas, entre ellas independientes, microempresas, población rural, jóvenes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores.
Entre las alternativas se encuentran los aportes proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado, mecanismos simplificados para facilitar el cumplimiento de obligaciones, una hoja de vida verificable para trabajadores independientes y una ampliación de los sistemas de certificación rápida de competencias.
También se plantea crear un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social, establecer bonos fiscales diferidos para pequeñas empresas y fortalecer el acceso al crédito, la tecnología, la inteligencia artificial y los mercados.
Para las zonas rurales, la propuesta incluye mecanismos para registrar las jornadas laborales y garantizar protección frente a riesgos laborales. También plantea fortalecer la protección al cesante, facilitar las transiciones hacia el empleo formal y promover mecanismos que permitan la permanencia laboral y el retiro gradual de los trabajadores mayores.
La digitalización aparece igualmente como una herramienta para reducir la informalidad. El estudio destaca que instrumentos como la factura electrónica, los pagos digitales y las plataformas pueden generar mayor trazabilidad de los ingresos, facilitar la verificación y abrir oportunidades de acceso a mercados.
Una estrategia que busca pasar del diagnóstico a las decisiones
María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, aseguró que el propósito de la iniciativa es ofrecer al país una hoja de ruta que permita avanzar de la identificación del problema a la ejecución de soluciones.
“La informalidad no se reduce con una sola ley ni aplicando la misma obligación a realidades distintas. Esta hoja de ruta muestra por dónde empezar, qué puede activarse rápidamente, qué requiere una reforma y cómo evaluar si está funcionando. Colombia necesita pasar de medir el problema a tomar decisiones”, sostuvo Lacouture.
Las 30 propuestas fueron organizadas de acuerdo con criterios de impacto, viabilidad jurídica, requerimientos fiscales y tiempos de implementación. La organización también identificó medidas de rápida ejecución, denominadas “mangos bajitos”, que podrían convertirse en pilotos mientras se tramitan cambios de mayor alcance.
La metodología busca que cada propuesta tenga definido qué debe cambiar, cuál es el mecanismo jurídico para hacerlo, quién debe asumir la responsabilidad y en qué plazo pueden medirse sus resultados.
Formalización como motor de reactivación
La propuesta llega en un momento en que el país enfrenta simultáneamente retos de reconstrucción y reactivación económica. Para Aliadas, fortalecer la formalidad puede contribuir a ambos procesos mediante una mayor protección de los trabajadores, el fortalecimiento empresarial, el aumento de la productividad y la ampliación de la base de aportantes al sistema de protección social.
El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó el aporte del sector productivo y vinculó la formalización laboral con la estrategia de crecimiento económico del Gobierno.
“No hay una patria milagro donde no haya caminos en materia de formalización”, afirmó Restrepo, quien también destacó la necesidad de avanzar hacia una “ruta de crecimiento con calidad y aumento en productividad” que permita generar empleo estable.
El funcionario llamó además a fortalecer la coordinación entre Gobierno, empresarios y demás actores para encontrar soluciones a la informalidad.
Como siguiente paso, Aliadas propuso establecer una mesa técnica con el Gobierno, el Congreso y los sectores involucrados para priorizar las medidas, estructurar pilotos, definir los instrumentos jurídicos requeridos y establecer indicadores de seguimiento.
El Ministerio del Trabajo se comprometió a convocar las mesas de trabajo e iniciar la discusión con el sector productivo.
La apuesta, coinciden Gobierno y empresarios, es que el estudio no quede como un nuevo diagnóstico sobre la informalidad, sino que sirva como punto de partida para construir una política pública con acciones concretas, resultados medibles y soluciones diferenciadas para los distintos tipos de trabajadores y empresas del país.
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