Montelíbano, Córdoba. La empresa Cerro Matoso informó que la Corte de Alberta (Canadá) avaló la solicitud presentada por Canacol Energy para terminar sus contratos de suministro de gas en Colombia, lo que podría dejar sin un insumo crítico a la operación de la compañía en el departamento de Córdoba.
Actualmente, Canacol suministra el 82 % del gas natural que Cerro Matoso requiere para producir ferroníquel. Sin embargo, en las últimas semanas la empresa ha reducido unilateralmente las entregas pactadas e impuesto restricciones que ponen en riesgo la continuidad de la operación. Sin este recurso, la compañía se vería obligada a detener sus equipos y hornos, con daños estructurales irreversibles cuya recuperación tardaría más de 10 meses y costaría entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno.
Impacto laboral y social
Un eventual cese de actividades afectaría directamente a más de 2.000 trabajadores y a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas, beneficiarias de más de $10.600 millones en inversión social durante 2025. Además, el país dejaría de percibir alrededor de $3.000 millones diarios en impuestos, regalías y compras de bienes y servicios.
Riesgos adicionales
La compañía advirtió que la decisión de Canacol, avalada en primera instancia por la justicia canadiense, también compromete la seguridad de los activos industriales y el abastecimiento de gas en la Costa Atlántica, donde podrían registrarse incrementos en las tarifas del servicio.
Acciones jurídicas
Cerro Matoso cuenta con un plazo de 21 días para apelar ante la Corte canadiense de segunda instancia y anunció que acudirá a todos los mecanismos legales disponibles para proteger sus derechos. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades deberá evaluar si la decisión extranjera tiene validez en el país, considerando la soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público.
La empresa reiteró su llamado urgente a las autoridades nacionales —incluidas la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional— para que actúen de manera inmediata y garanticen la continuidad de una industria que ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de Córdoba y de Colombia durante 44 años de operación.
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