Puerto Libertador, Córdoba. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó la licencia ambiental al proyecto de cobre El Alacrán, ubicado en zona rural de Puerto Libertador, al sur de Córdoba. Se trata de la primera iniciativa de cobre de clase mundial en obtener este aval en Colombia, tras un proceso de evaluación técnica, ambiental y social que incluyó la participación de comunidades, autoridades locales y entidades estatales.
La directora de la Anla, Irene Vélez Torres, destacó que la decisión refleja “una evaluación en la que la evidencia técnica se articula con el diálogo social y la presencia institucional en el territorio”.
Impacto económico y social
El proyecto generará cerca de 1.500 empleos formales durante la fase de construcción, con prioridad en la contratación local. Además, impulsará sectores como transporte, comercio, alojamiento y alimentación, con un efecto multiplicador sobre la economía regional. En materia fiscal, se proyectan regalías por USD 190 millones e impuestos a la renta superiores a USD 510 millones, recursos que fortalecerán la inversión pública en la región y el país.
“Lo que viene es transformador para el territorio”, afirmó Sarah Armstrong-Montoya, Chairman y CEO de CMH Colombia, quien subrayó que el aporte fiscal total superará los USD 700 millones.
Reservas y producción
El yacimiento cuenta con reservas estimadas de 97 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,42 % de cobre, además de contenidos de oro y plata. La extracción acumulada proyectada alcanza 797 millones de libras de cobre, lo que ubica al proyecto en una escala inédita para Colombia.
Transición energética y sostenibilidad
El cobre es estratégico para la electrificación y las energías renovables, por lo que el proyecto se alinea con los objetivos de transición energética. Para reducir su huella de carbono, se integrará un parque solar que cubrirá hasta el 50 % de la demanda energética.
En el componente ambiental, la licencia incluye medidas de recuperación integral de la quebrada Valdés, afectada por minería artesanal, así como sistemas de recirculación del 70 % del agua utilizada en los procesos productivos y monitoreo permanente de los caudales hacia el río San Pedro.
“Para nosotros, esta aprobación es la confirmación de que es posible hacer minería responsable, con las comunidades y para las comunidades”, concluyó Armstrong-Montoya.
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