Bogotá. El Gobierno nacional y representantes del sistema financiero sostuvieron la segunda mesa de trabajo con el propósito de definir mecanismos que permitan orientar recursos hacia la atención de la emergencia climática que afecta a ocho departamentos de la costa Caribe.
El encuentro fue liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien escuchó propuestas y planteó la necesidad de articular medidas en el marco del decreto de emergencia económica para la región.
En representación del sector financiero participaron ejecutivos de Asobancaria, Bancolombia, Bbva, Banco Popular, Davivienda y Banco Caja Social. Los voceros de la banca privada manifestaron su compromiso con el Gobierno y anunciaron ayudas como la suspensión de cobros jurídicos y en mora, un período de gracia de 12 meses sin intereses, conservación de la calificación crediticia y atención prioritaria a los afectados. También se discuten créditos flexibles y alivios para sectores productivos.
Los decretos de emergencia
El Gobierno del Cambio expidió cinco decretos legislativos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada el 11 de febrero para Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Las medidas abarcan aspectos tributarios, ambientales y agrarios, con el objetivo de mitigar los efectos del frente frío que ha causado graves daños en la región.
Las primeras estimaciones señalan que la reconstrucción requerirá inversiones cercanas a 8 billones de pesos. Hasta el momento se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones en 61 municipios. El balance incluye 69.000 familias afectadas, 10 personas fallecidas, 4.100 viviendas destruidas y daños severos en infraestructura vial, educativa y de salud, además de 20.000 hectáreas de cultivos impactados.
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