Preocupación empresarial por uso de emergencia económica en financiación del 2026

Bogotá. La Alianza Aliadas manifestó su preocupación frente a la posibilidad de que el Gobierno Nacional declare un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el fin de financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026, tal como se ha conocido en medios de comunicación.

En comunicación enviada al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, la presidente de Aliadas, María Claudia Lacouture, pone en contexto el pensamiento del colectivo que subrayó, que, a su juicio, no se cumplen las condiciones materiales que justificarían acudir a esta figura excepcional. Señaló que la situación fiscal del país, aunque seria, es estructural y previsible, derivada de decisiones de gasto y endeudamiento que deben enfrentarse mediante política fiscal ordinaria. Además, recordó que la no aprobación de una reforma tributaria en el Congreso es un resultado propio de la democracia deliberativa y no un hecho extraordinario.

La Alianza también advirtió que plantear el escenario como “ley o abismo” constituye un falso dilema, pues la Constitución exige un análisis técnico y jurídico, no decisiones bajo presión. Reiteró que la emergencia es subsidiaria y solo procede cuando las vías ordinarias son insuficientes, lo cual no ha sido demostrado, ya que aún existen alternativas como el reordenamiento del gasto y la mejora en la gestión tributaria.

Asimismo, expresó inquietud por el borrador de medidas que se ha conocido, el cual incluiría:

• Ampliación del impuesto al patrimonio, incluyendo por primera vez a personas jurídicas.
• Incremento temporal del Gravamen a los Movimientos Financieros (Hoy conocido como 4×1000).
• Aplicación del IVA del 19% a depósitos en juegos de azar por internet.
• Ajustes en impuestos al consumo de licores, tabaco y vapeadores.
• Un impuesto temporal sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón.

Según la Alianza, estas disposiciones, adoptadas por vía excepcional y sin un proceso de deliberación ordinaria, podrían generar presiones sobre la liquidez, mayores costos de transacción, incertidumbre regulatoria y afectaciones a la competitividad e inversión, con impactos negativos en el crecimiento económico y el empleo formal.

Finalmente, Aliadas solicitó a la Corte Constitucional que, en caso de expedirse el decreto declaratorio, se priorice su control automático, incluso durante el receso de la Corporación, dada la relevancia institucional y jurídica de la medida y sus posibles efectos generales.