Bogotá. Un aumento del salario mínimo sin datos, sin ley y sin diálogo real sería una mala noticia para trabajadores, empresas y para el país. La discusión debe ser técnica, seria y responsable.
La Alianza Aliadas reafirma su compromiso con el mandato constitucional de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil para los trabajadores, y con mejorar de forma sostenible el ingreso real de los hogares. Ese objetivo solo es posible si el salario mínimo para 2026 se define con estricto apego a la ley, soporte técnico sólido y una negociación tripartita seria, transparente y responsable. Aliadas coincide con el Ministerio de Trabajo en que la discusión debe darse con datos verificables y no basarse en presiones coyunturales.
El marco jurídico colombiano exige que el salario mínimo se defina en diálogo entre Gobierno, empleadores y trabajadores, orientado a asegurar una vida digna mientras se protege la producción, la productividad y el empleo. Por ello, no puede ser una decisión unilateral ni mediática, sino un proceso institucional con reglas claras y responsabilidad frente al país.
La OIT, mediante el Convenio 131, establece que el salario mínimo debe equilibrar las necesidades de los trabajadores y sus familias como costo de vida, salarios y protección social con factores económicos como productividad, empleo y capacidad de las empresas. Mejorar los ingresos solo es sostenible si también se protege la viabilidad empresarial y el empleo formal. Un salario “vital y móvil” no implica aumentos desconectados de la realidad económica, sino un equilibrio entre protección del ingreso y estabilidad de variables como inflación, empleo formal, competitividad y sostenibilidad fiscal. Sin empresas viables y un entorno macroeconómico estable, no es posible sostener mejoras reales en el tiempo.
Por esto, la discusión debe basarse en un análisis integral que incluya inflación observada y esperada, productividad, crecimiento del PIB, empleo e informalidad, capacidad de pago de las empresas, en especial mipymes, impacto fiscal y efectos sobre inflación futura, tasas de interés y costo del crédito. Solo una evaluación completa permite dimensionar las consecuencias para trabajadores, empresas y Estado. Ese análisis debe integrar las cifras del Dane, los estudios del Banco de la República, las proyecciones del Ministerio de Hacienda, los insumos del Ministerio de Trabajo y de organismos de planeación, así como aportes de centros de investigación y academia. La pluralidad técnica fortalece la calidad de la decisión.
La responsabilidad exige presentar datos con metodologías, periodos y márgenes de incertidumbre, sin ocultar indicadores que incomoden. La credibilidad del proceso depende de diagnósticos honestos donde se ponderen justicia social y estabilidad económica.
Finalmente, la Comisión Permanente de Concertación debe ser un espacio real de discusión técnica entre las partes antes y durante la negociación, con contraste de estudios, análisis de escenarios y debate de riesgos. La experiencia internacional y la OIT muestran que el diálogo social tripartito es fundamental para acuerdos legítimos y sostenibles.
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