MinAgricultura convoca al sector financiero y molinero para aliviar la cartera de los arroceros de Casanare

Bogotá. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, solicitó a los presidentes de Asobancaria, Induarroz y la Cámara de Procultivos de la Andi adoptar medidas urgentes para aliviar la situación financiera de los productores de arroz de Casanare, afectados por las inundaciones y la caída de los precios del grano.

La iniciativa busca articular al sector financiero, la industria molinera y los proveedores de insumos para evitar que los agricultores pierdan sus activos, enfrenten procesos de embargo o se queden sin capital de trabajo para establecer la próxima cosecha.

La crisis es especialmente preocupante. Más de 13.000 hectáreas de arroz resultaron afectadas por las inundaciones de julio de 2026, en un departamento que concentró el 54,8 % del área arrocera nacional durante el primer semestre del año.

A las pérdidas ocasionadas por la emergencia climática se sumó el deterioro de los ingresos por la comercialización del grano. Entre febrero y julio de 2026, el arroz paddy verde se vendió en Yopal a un precio promedio de $1.264.000 por tonelada, uno de los más bajos entre las principales plazas de referencia y un valor inferior a los costos de producción de numerosos agricultores.

De acuerdo con la información citada por el Ministerio, los productores acumulan obligaciones financieras y comerciales por $470 mil millones con la industria molinera, según cifras de Finagro y datos de la Gobernación de Casanare. Esta carga compromete la capacidad de pago de los agricultores y pone en riesgo la continuidad de sus actividades productivas.

Cinco medidas para aliviar la presión financiera

Ante este panorama, el ministro Dangond solicitó a los actores de la cadena arrocera y a sus acreedores avanzar en cinco frentes de acción:

• Reestructurar los créditos: ajustar los plazos de pago a la capacidad financiera real de los productores afectados.
• Frenar temporalmente las acciones de cobro: promover la suspensión de procesos jurídicos y ejecutivos, así como de embargos, mientras se atiende la emergencia.
• Facilitar acuerdos de pago: evitar, dentro del marco normativo y de las competencias de cada acreedor, intereses de mora y sanciones, y establecer condiciones de pago viables.
• Ampliar los plazos comerciales: renegociar las obligaciones con molinos, agrocomercios y proveedores de insumos, incluidas las que vencen a comienzos de 2027.
• Consolidar la información de cartera: establecer el monto y las condiciones de las deudas para diseñar una solución integral que permita financiar la próxima siembra.

El objetivo es evitar que las pérdidas por las inundaciones y los bajos precios se conviertan en una crisis de endeudamiento que comprometa la permanencia de los agricultores en la actividad arrocera.

Mesa de trabajo para garantizar la siembra de 2027

El Ministerio de Agricultura convocará una mesa de trabajo con representantes del sector financiero, la industria molinera y el agrocomercio para definir responsabilidades, mecanismos de alivio y alternativas de financiación que permitan asegurar el capital de trabajo necesario para la siembra del primer semestre de 2027.

La estrategia busca que los productores puedan renegociar sus obligaciones sin comprometer su capacidad de continuar cultivando arroz, una actividad fundamental para la economía rural de Casanare y el abastecimiento alimentario del país.

“No podemos permitir que una emergencia climática y una coyuntura de bajos precios terminen sacando del cultivo a los productores de arroz de Casanare. Nuestra prioridad es proteger su capacidad productiva, evitar que pierdan sus activos y garantizar que puedan volver a sembrar en 2027. El arroz que necesitamos mañana se protege con decisiones oportunas hoy”, afirmó el ministro Indalecio Dangond.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca preservar la capacidad productiva arrocera de Casanare, proteger el patrimonio de los agricultores y contribuir a la estabilidad del abastecimiento nacional. Para ello, plantea una respuesta coordinada entre el sistema financiero, la industria molinera y los proveedores de insumos, orientada a ofrecer soluciones sostenibles frente a la emergencia.