La Jurisdicción Agraria será realidad en 2027: fallo histórico de la Corte Constitucional

Bogotá. Tras una década de espera desde la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Agraria entrará en funcionamiento a partir de 2027. La decisión responde tanto al fallo de la Corte Constitucional como a la voluntad del Gobierno nacional de saldar una deuda histórica con el campo colombiano.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) impulsaron acciones clave para acelerar su implementación, incluida la presentación de una demanda ante el alto tribunal.

“La Corte Constitucional, en la Sentencia C-099 del 22 de abril de 2026, exhortó al Congreso a regular de manera urgente las competencias y el procedimiento agrario mediante la aprobación de la ley ordinaria actualmente en trámite”, señaló la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, pidió al Congreso avanzar en la discusión: “Esperamos que tanto la Cámara como el Senado dispongan de las facultades para aprobar los procedimientos que hacen falta para el debido funcionamiento de la Jurisdicción de la Reforma Agraria”.

Cronología de un proceso esperado

En 2025, la ANT radicó 13 demandas que involucran 15 procesos agrarios sobre unas 16.400 hectáreas, todas estancadas por falta de jueces especializados.

El 4 de marzo de 2026, la ministra Carvajalino y el director Harman expusieron ante la Corte Constitucional la urgencia de crear la Jurisdicción Agraria.

La Corte, tras escuchar a Gobierno, académicos, gremios y organizaciones campesinas, resolvió la demanda y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura implementar progresivamente juzgados y tribunales agrarios desde 2027.

Fallo histórico

“La Jurisdicción Agraria será una deuda saldada del país con la paz y el campesino. Esta sentencia es una herramienta para construir más equidad e igualdad en el campo colombiano”, afirmó Harman.

El Congreso de la República fue exhortado a aprobar la ley ordinaria que materialice la entrada en funcionamiento de esta jurisdicción, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023.

Procesos estancados y retos futuros

Actualmente, las demandas presentadas desde 2025 permanecen paralizadas y no existe ninguna decisión judicial de fondo sobre procedimientos claves para la recuperación y administración de tierras baldías.

La ANT ha cerrado procesos administrativos que superan las 45.000 hectáreas y proyecta el cierre de más de 60.000 adicionales en lo que resta de 2026. Estos avances son indispensables para cumplir la meta de redistribuir 3 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.