Usuarios de estratos 1, 2 y 3 tendrían que pagar más en sus facturas de energía y gas por falta de pago de subsidios

Bogotá. Debido a que no se han realizado los giros para cubrir la totalidad de los subsidios otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en la energía y gas en 2024, estos se verían enfrentados a tener que pagar un mayor valor en sus facturas de estos servicios en los próximos meses.

La situación quedó en evidencia con la comunicación de los gremios del sector energético del país que hacen parte del Comité Intergremial como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia. Estos gremios solicitan al Gobierno Nacional pagar los valores adeudados por conceptos de los subsidios que ya fueron otorgados a los usuarios de energía y gas natural durante 2024.

La capacidad financiera de algunas empresas que prestan el servicio a los usuarios ya se desbordó, no solo por esta deuda, sino también por los saldos de la opción tarifaria, (recuerden que durante la pandemia por el Covid 19, las empresas comercializadoras congelaron las tarifas eléctricas para que no hubiera afectaciones por el alza de precios para muchas familias cuyos ingresos disminuyeron. Lo que se hizo fue diferir el pago de las facturas de electricidad a más meses. El pago es del usuario. Debido a que las tarifas de energía han subido más de lo esperado algunos comercializadores han seguido aplicando esta opción por lo que la deuda sigue creciendo y es difícil que el usuario pague todo); y también por las deudas de los usuarios oficiales.

“La situación es insostenible debido a que el incumplimiento en el pago de los subsidios ya otorgados por las empresas prestadoras podría imposibilitar que estas puedan continuar otorgando subsidios y/o pagar a los proveedores de energía, de otros servicios, empleados y demás acreedores. De no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150% o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya está ocurriendo en Puerto Carreño, en el Departamento de Vichada”, se lee en un comunicado de Andesco y de los demás gremios del sector.

“Actualmente, los subsidios otorgados por las empresas, con corte a diciembre de 2024, para energía eléctrica se encuentran en alrededor de $2.7 billones y para el caso de gas natural en $628 mil millones de pesos. Esta falta de liquidez, derivada de los montos adeudados a las empresas de energía eléctrica ha generado una mayor exposición a bolsa incrementando las tarifas para los usuarios y elevado el riesgo sistémico en el sector”, agregan los gremios.

Ante la situación los gremios piden al Gobierno Nacional llevar a cabo las siguientes acciones:

• Desembolsar de manera urgente los valores adeudados a las empresas, ya que se requiere flujo de caja inmediato para sostener la operación.
• Ajustar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 para cubrir las necesidades de subsidios y evitar desfinanciar el sector. Esto, considerando que el faltante por apropiar para el PGN 2024 fue de 1.4 billones y 540 mil millones para energía y gas respectivamente, y proyectamos para el 2025, 2,1 billones para energía y 900 mil millones para gas, como faltante de apropiación.
• Emitir con celeridad los certificados de deuda de subsidios que han sido solicitados tanto por las empresas como por el Ministerio de Minas y Energía.
• Titularizar la deuda actual que tiene el Gobierno con las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural.
• Permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas con las que actualmente se tienen valores adeudados. Esta medida está habilitada en el Decreto 1244 de 2013, que reglamentó el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012.
• Ajustar y anunciar al país en el corto plazo nuevos criterios de asignación de los subsidios para focalizar los recursos existentes para menores tarifas de energía y gas a la población más vulnerable.

Es fundamental recordar que la aplicación de estos subsidios por parte de las empresas del sector está respaldada por las obligaciones del Estado establecidas en la Constitución Política, las Leyes 142 y 143 de 1994, y 286 de 1996 y los Decretos 847 de 2001 y 201 de 2004, los cuales establecen las bases para el otorgamiento y financiamiento de subsidios y redistribución de ingresos.