URT solicitó medidas cautelares para proteger territorio zenú en Zaragoza

Caucasia, Antioquia. En un contexto de gravedad y urgencia en el que se presentan violaciones a los derechos colectivos y fundamentales contra 107 familias del Resguardo Pablo Muera de Zaragoza, la Unidad de Restitución de Tierras, solicitó, ante el Juzgado Primero de Restitución de Tierras, la adopción de medidas cautelares sobre más de 2.155 hectáreas habitadas por esta comunidad.

“Al solicitar la medida cautelar, la Unidad busca que, con carácter prioritario, se dicten o emprendan acciones para evitar o prevenir que se conjuren los riesgos y amenazas que enfrenta esta comunidad indígena, previo a un fallo definitivo en sentencia de restitución”, afirmó César Augusto Londoño Álvarez, director (e) de la URT en Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

El Resguardo Indígena Pablo Muera es una institución territorial y sociopolítica de carácter especial, conformada por 415 personas, de las cuales 211 son hombres y 204 son mujeres, y el cual se constituyó a través de la Resolución No. 013 del 10 de diciembre de 2002, del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

La URT recomendó en el Estudio Preliminar, que sustenta esta solicitud, la implementación de la ruta de protección de derechos territoriales consignada en el DL 4633 de 2011, artículo 150, y la focalización. Con posterioridad, la entidad constató la situación de gravedad o urgencia, así como la vulneración de los derechos territoriales del Resguardo Zenú Pablo Muera, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Decreto Ley 4633 de 2011, lo cual condujo a la solicitud de medidas cautelares.

Ocupantes no étnicos

La entidad pudo evidenciar, a través de entrevistas, testimonios de la comunidad y fuentes secundarias, amenazas en contra de la vida e integridad y presencia de ocupantes no étnicos al interior del territorio colectivo, quienes se han apropiado de grandes extensiones del resguardo para la extracción de recursos naturales de manera indebida; también, la presencia y tránsito constante de grupos armados organizados al margen de la ley y la instalación de minas antipersonas en el territorio y en zonas aledañas.

Jovany Caldera Avilez, cacique gobernador del Resguardo indígena Pablo Muera, manifestó al respecto de esta solicitud que: “agradezco grandemente a la Unidad de Restitución de Tierras y a su director Giovanni Yule por esa medida cautelar para la defensa de nuestro territorio y que nos hayan dado la mano a nosotros en este Gobierno, ya que han pasado muchos gobiernos y tenemos entre 16 y 18 años con esos problemas territoriales. Nos están invadiendo los territorios, sacándonos y, hoy por hoy, gracias a restitución, se ha visto y analizado en el marco del respeto, en el marco de la norma y la ley, quién puede tener la tranquilidad y que podamos ejercer nuestras costumbres en los territorios”.

En el Bajo Cauca antioqueño, la Unidad de Restitución de Tierras representa judicialmente a 17 comunidades étnicas (resguardos indígenas y consejos comunitarios) con procesos, de los cuales,  11 se encuentran en etapa administrativa, es decir, con actividades de socialización del Decreto Ley 4635 de 2011, caracterizaciones, levantamiento de información, estudios preliminares y acuerdos metodológicos, y 6  están en etapa judicial, lo que implica radicación de demandas ante los juzgados de restitución de tierras.