Fotos: Unal
Medellín, Antioquia. Tener ingresos estables no garantiza estar a salvo de una emergencia económica. En Medellín, una medición piloto aplicada a 500 hogares reveló que incluso quienes no son considerados como pobres enfrentan eventos que comprometen su bienestar: desde suspender tratamientos médicos hasta reducir la alimentación a una sola comida al día. El estudio propone medir la vulnerabilidad económica no como una extensión de la pobreza sino como un fenómeno independiente, con riesgos estructurales como la inestabilidad laboral, la falta de ahorros o la imposibilidad de responder a emergencias.
Aunque históricamente en Colombia la vulnerabilidad económica ha sido tratada como una etapa intermedia dentro del espectro de pobreza, este enfoque limita el reconocimiento de personas que, sin ser pobres, están expuestas a riesgos económicos que comprometen su bienestar.
La falta de una distinción clara entre pobreza —la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas— y vulnerabilidad —el riesgo de enfrentar afectaciones económicas, sin importar el nivel de ingreso— ha generado distorsiones en la focalización de las políticas sociales.
Muchas intervenciones están diseñadas para atender exclusivamente la pobreza, dejando por fuera fenómenos como accidentes, inestabilidad laboral o ausencia de ahorros, que también afectan gravemente a los hogares. Esto motivó a Juan Camilo Ossa Gómez, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) sede Medellín, a desarrollar un instrumento que permite medir estos fenómenos, frecuentemente tratados como si fueran uno solo: la pobreza.
“Cuando no se hace esa distinción, lo que pasa es que se desatiende un problema social que queda fuera del margen de lo que se entiende como pobreza. La vulnerabilidad se hace invisible a la intervención pública”, añade el investigador.
Cómo se mide la vulnerabilidad
El indicador diseñado rompe con la idea de que solo quienes tienen ingresos bajos son vulnerables. Por el contrario, reconoce que el riesgo económico es una condición transversal y persistente, no exclusiva de quienes viven en situación de pobreza.
La propuesta consiste en un formulario estructurado que permite diagnosticar el riesgo económico a partir de 5 dimensiones esenciales: capacidad de pago de necesidades básicas; consistencia y volatilidad del ingreso; liquidez de recursos y ahorros; disponibilidad de medios de protección y producción; y recurrencia y costo de los eventos adversos.
La herramienta se aplicó en una muestra aleatoria de 500 hogares en zonas cercanas a la Unal sede Medellín, estaciones del Metro y otros espacios públicos del norte y occidente de la capital antioqueña.
Ante una emergencia, los hogares encuestados recurren a reducir la alimentación a una sola comida diaria, aplazar consultas médicas o suspender gastos en transporte y educación.
Además de cuantificar la exposición al riesgo, el instrumento también indagó sobre estrategias de afrontamiento, emergencias vividas, gastos imprevistos y decisiones tomadas ante dificultades económicas, lo que permitió diferenciar entre pobreza e inseguridad económica estructural.
Entre los patrones observados se evidenció que ante una emergencia muchas familias recurren a recortes drásticos en sus gastos. Reducir la alimentación a una sola comida diaria, aplazar consultas médicas o suspender gastos en transporte y educación fueron algunas de las decisiones reportadas por los hogares encuestados. Esto demuestra que el riesgo económico tiene un impacto directo y tangible sobre la calidad de vida, incluso en contextos que no se clasifican oficialmente como pobreza.
“Se puede demostrar que la vulnerabilidad es un fenómeno independiente del ingreso y que tiene atributos observables propios; por eso, no hay razón para seguir midiéndola como si fuera pobreza: es necesario aplicar herramientas específicas para diagnosticar el riesgo económico”, señala el magíster.
Así mismo, los resultados de la prueba piloto validan que la vulnerabilidad se puede observar a partir de parámetros empíricos distintos al ingreso. La existencia de atributos como la recurrencia de emergencias, la disponibilidad de respuesta y los costos de afrontamiento abre la puerta a herramientas diagnósticas más precisas.
Según el investigador, “medir la vulnerabilidad por separado permite rediseñar estrategias de intervención pública, mejorar la focalización de ayudas y reconocer nuevas formas de exclusión”.
Un ejemplo de esta limitación institucional es que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sigue midiendo la vulnerabilidad económica como una extensión de la pobreza, lo que limita la identificación de riesgos que afectan a personas con ingresos estables. Esta práctica impide diseñar políticas específicas para quienes, sin ser pobres, enfrentan fragilidades estructurales.
Frente a este vacío, la propuesta del investigador plantea una forma distinta de gestión social del riesgo: que el peso de las contingencias no recaiga exclusivamente en el individuo vulnerable. Las recomendaciones derivadas del estudio incluyen crear fondos comunitarios de reparación, seguros sociales más amplios y redes institucionales de ahorro o protección ante emergencias.
También sugiere ajustar los sistemas oficiales de medición del bienestar incorporando variables propias de la vulnerabilidad. También considera que fortalecer la capacidad de respuesta de los hogares se debe convertir en una línea de acción prioritaria para protegerlos más allá del ingreso.
La experiencia piloto en Medellín ofrece una base sólida y adaptable para proyectar esta medición en otros contextos urbanos del país, replanteando así el enfoque tradicional de las políticas sociales.
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