Bogotá. La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), junto al expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1191 del 12 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho y respaldado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. De manera simultánea, solicitó la suspensión provisional urgente de sus efectos.
El decreto autoriza al Estado a vender de forma anticipada bienes que apenas se encuentran en etapas iniciales de un proceso judicial. Con ello, según Fedemaderas, se desconoce lo definido previamente por la Corte Constitucional cuando el Gobierno pidió facultades para actuar de esa manera. Además, se pone en riesgo la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el debido proceso, desvirtuando el carácter reparador que la ley otorgó al Fondo para la Reparación de Víctimas.
La medida, advierte el gremio, expone a más de 4.000 familias a perder sus predios y amenaza proyectos productivos que abarcan más de 100.000 hectáreas de red forestal, fruto de décadas de trabajo. También afecta a comunidades vulnerables que, tras años de desplazamiento, han retornado a sus tierras para hacerlas productivas y convertirlas en espacios de convivencia, generando un riesgo de revictimización.
“El sector forestal colombiano enfrenta desde hace años un dilema. Tenemos una altísima aptitud forestal, lo que podría dinamizar una bioeconomía maderable con ventajas competitivas frente a sectores no renovables. Sin embargo, los indicadores muestran un aporte al PIB inferior al 1%, un uso de la madera en construcción menor al 2%, un consumo per cápita que no supera los 0,15 m³ anuales y una balanza comercial deficitaria de más de USD 923 millones”, señaló Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de Fedemaderas.
Por ello, el gremio insiste en la necesidad de una seguridad jurídica sólida y estable, que genere confianza en la inversión nacional y extranjera, y que respalde la reindustrialización del país, la economía rural, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible de las regiones.
Fedemaderas reafirmó su compromiso con la reparación integral de las víctimas y la protección de las comunidades y productores que dependen del sector forestal en todo el territorio nacional. “Nuestro llamado es a que las decisiones públicas se adopten con estricto respeto por la Constitución, la ley y los derechos de quienes han trabajado durante años por sacar adelante el campo y los proyectos forestales del país”, concluyó Vásquez.
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