Sector autopartista expresa preocupación por impuesto al patrimonio

Bogotá. La decisión del Gobierno Nacional de establecer un impuesto al patrimonio mediante decreto en el marco de la emergencia económica por la ola invernal ha generado inquietud en el sector autopartista colombiano, que advierte efectos negativos sobre la inversión, la liquidez empresarial y la competitividad industrial.

La medida busca recaudar cerca de $8,3 billones a través de un tributo progresivo dirigido a personas jurídicas con patrimonios iguales o superiores a $10.475 millones (200.000 UVT) al 1 de marzo de 2026. Las tarifas podrían alcanzar hasta el 1,6 %, dependiendo del sector productivo. Según cálculos oficiales, unas 15.000 empresas quedarían sujetas a esta obligación.

Impacto en el sector autopartista

El gremio, que factura alrededor de $21 billones anuales y reúne más de 65.000 establecimientos entre fabricantes, comercializadores y servicios especializados, advierte que el impuesto afecta directamente la estructura financiera de las compañías, al gravar el patrimonio y no la utilidad.

“Este impuesto puede erosionar los márgenes operativos en un sector que ya enfrenta alta presión por importaciones y contrabando”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

Riesgos para la competitividad

La asociación gremial subraya que la nueva carga fiscal llega en un momento clave, cuando la industria avanza hacia la electromovilidad, digitalización y fortalecimiento de estándares técnicos. Según Asopartes, el impuesto podría frenar inversiones en activos productivos, infraestructura logística y desarrollo tecnológico, reduciendo la capacidad de competir frente a productos importados.

“El sector autopartista está comprometido con el desarrollo económico del país y entiende la necesidad de atender emergencias nacionales. Sin embargo, es fundamental que las políticas tributarias mantengan un equilibrio que preserve la inversión productiva y la estabilidad jurídica”, agregó Pineda Osorio.

Asopartes reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo técnico con el Gobierno para evaluar alternativas que permitan atender la emergencia sin comprometer la competitividad de los sectores productivos.