Montería. Entre enero y septiembre de este año los colombianos ahorraron 31.486 millones de pesos por la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos. El balance fue entregado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
“Hemos acompañado a las entidades del orden nacional y territorial a la optimización de los trámites y otros procedimientos administrativos para facilitar la experiencia y la relación de los ciudadanos con el Estado. Gracias a ese esfuerzo es que podemos ver resultados contundentes como un ahorro de $277.487 millones desde agosto de 2018 a septiembre de 2021. Seguiremos mostrando buenos resultados para que los colombianos tengan una administración pública más eficiente y cercana”, indicó el director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco.
Según el balance de Función Pública, entre enero y septiembre de 2021 se han realizado 729 acciones de racionalización de trámites, de los cuales, 599 son de entidades del orden territorial y 130 son de entidades del orden nacional.
Al mirar por sector administrativo, la mayor parte de las acciones de racionalización se han realizado en las entidades que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seguido del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Salud y Protección Social.
En el orden territorial, Boyacá lidera la ejecución de acciones de racionalización seguido de Santander, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá D.C. Córdoba está entre los últimos lugares con poca racionalización de trámites.
Ahorros generados
El balance reportado por el Departamento Administrativo de la Función Pública muestra que de los $31.486 millones que se han generado en ahorros a los colombianos, el 68% corresponde a acciones que se han realizado en entidades del Orden Nacional y 32% son de intervenciones hechas en las entidades del Orden Territorial.
Las mejoras en los trámites han sido focalizadas en disminución de tiempos de respuesta, digitalización de procedimientos, reducción o eliminación de pagos, extensión de horarios, apertura de nuevos puntos de atención a ciudadanos e interoperabilidad de sistemas de información pública.
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