Redacción. La inseguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales desafíos para América Latina y el Caribe, pero no afecta a todos por igual: de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres siguen siendo las más afectadas. En la región, tienen 5,2 puntos porcentuales más de probabilidad que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave.
Esta brecha no es un efecto temporal, sino que refleja desigualdades estructurales en el acceso a recursos, servicios y oportunidades dentro de los sistemas agroalimentarios. Frente a este escenario, el enfoque de género es una herramienta clave para transformar las políticas públicas y avanzar hacia el derecho a la alimentación.
La reciente publicación de la FAO Género, hambre y malnutrición: Guía práctica para parlamentarias y parlamentarios transmite un mensaje claro: el trabajo legislativo es un instrumento esencial para transformar los sistemas agroalimentarios desde la equidad.
Igualdad de género, una cuestión de derechos y desarrollo
Legislar con enfoque de género es, ante todo, un imperativo de derechos humanos. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, y las leyes deben reflejar este principio garantizando un trato justo y equitativo para todas las personas.
Pero, además, una legislación sensible al género tiene sentido económico y social. Promover la igualdad de género en los marcos legales no solo beneficia a las mujeres y a las niñas, sino a toda la sociedad, al impulsar el crecimiento económico, la cohesión social y el desarrollo cultural. No será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras la mitad de la población siga enfrentando obstáculos para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades.
Por esta razón, muchos países han ratificado acuerdos internacionales que los comprometen a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres. Estos compromisos exigen que la igualdad no sea solo un principio formal, sino una realidad concreta, transformadora y verificable.
El rol de los parlamentos en la lucha contra el hambre
Uno de los primeros pasos para avanzar en la igualdad de género en esta materia es revisar los marcos jurídicos vigentes e identificar normativas que mantengan o profundicen las brechas de género. En algunos casos, será necesario modificar leyes existentes; en otros, proponer nuevas normas que reconozcan las desigualdades y planteen soluciones específicas.
También es imprescindible garantizar recursos. Sin presupuestos adecuados, las políticas quedan en el papel o se implementan de forma parcial. El compromiso parlamentario debe traducirse en asignaciones presupuestarias que respalden la igualdad de género, incluyendo fondos para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a servicios de cuidado en zonas rurales, esenciales para avanzar en igualdad y erradicar el hambre.
Otra recomendación importante es el uso de lenguaje inclusivo en los textos legales. Sustituir términos excluyentes por otros que representen a toda la población —como “personas” en lugar de “hombres” — contribuye a garantizar que mujeres y niñas sean reconocidas explícitamente como titulares de derechos.
El involucramiento de hombres y niños como aliados también es clave. Transformar patrones culturales y promover la corresponsabilidad en el hogar, la comunidad y la nación requiere la participación de todos los actores sociales.
Un compromiso impostergable
Lograr sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos requiere tanto voluntad política como alianzas sólidas. En América Latina y el Caribe, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, con el apoyo de la FAO y socios de cooperación de España y México, han impulsado marcos legales y presupuestos con enfoque de género. Iniciativas como las de ParlAmericas fortalecen estos esfuerzos, promoviendo leyes más inclusivas y el liderazgo de mujeres jóvenes.
Integrar el enfoque de género en la legislación sobre seguridad alimentaria no es solo una buena práctica: es una necesidad urgente. Si América Latina y el Caribe quiere avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos, garantizar el derecho a la alimentación y erradicar el hambre, derribar las barreras que enfrentan las mujeres debe ser una prioridad.
Los parlamentos juegan un papel decisivo en este proceso. Contar con leyes más justas, presupuestos con perspectiva de género y mecanismos eficaces de implementación es una condición indispensable para que ninguna persona se quede atrás.
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