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Montería, Córdoba. En el marco del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 150 de 2026, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, junto a sus equipos de Hacienda y Jurídico, radicó ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) un paquete integral de medidas orientadas a fortalecer la capacidad presupuestal y financiera de las entidades territoriales afectadas.

El mandatario explicó que la magnitud de la emergencia ha generado graves afectaciones sociales y económicas, con un impacto directo en las finanzas municipales, especialmente en el recaudo tributario y en el cumplimiento de los indicadores fiscales.

“Estamos proponiendo medidas responsables, técnicas y jurídicamente sustentadas para que los municipios podamos responder con agilidad, proteger la estabilidad fiscal y garantizar la atención oportuna a nuestras comunidades”, afirmó Kerguelén García.

Principales propuestas

  • Flexibilización presupuestal: facultar a gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y realizar adiciones o traslados presupuestales durante la vigencia de la emergencia.
  • Compensación tributaria: solicitar a la Nación cubrir total o parcialmente la caída en el recaudo del Impuesto Predial.
  • Crédito público: habilitar líneas de crédito blandas para compra de cartera y flexibilizar reglas de endeudamiento sin exigencia de calificación de riesgo.
  • Gasto y deuda: permitir la flexibilización temporal de los límites de la Ley 617 y los indicadores de la Ley 819, así como ampliar plazos de pago de créditos de tesorería hasta tres años.
  • Beneficios tributarios: autorizar condonación de sanciones e intereses en mora, pago diferido de obligaciones sin intereses y medidas para recuperación de cartera.
  • Regalías: otorgar a las entidades territoriales mayor autonomía en la gestión de proyectos y liberar recursos de iniciativas no iniciadas para destinarlos a la atención de la emergencia.

Finalmente, el alcalde subrayó que el propósito de estas propuestas es dotar a los municipios de herramientas extraordinarias para enfrentar la crisis sin comprometer su sostenibilidad fiscal.


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