Iniciativa que habilitaría pagos a través de operadores postales preocupa al sector cooperativo

Redacción. La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) advierte sobre la inconveniencia técnica y jurídica del proyecto de decreto que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que busca habilitar a los operadores postales prestar de servicios de pago; al considerar que la iniciativa desconoce el marco constitucional y legal vigente, introduce asimetrías regulatorias y genera riesgos para la protección de los recursos del público y la estabilidad del sistema de pagos.

La iniciativa plantea un cambio estructural en el manejo de recursos del público sin garantizar los estándares de protección, supervisión y equidad regulatoria que rigen actualmente en Colombia, generando riesgos sistémicos que no pueden ser ignorados.

Para el presidente del ente gremial que representa y agrupa a las cooperativas en Colombia “desde la perspectiva del sector cooperativo financiero y de ahorro y crédito, dicha iniciativa plantea riesgos relevantes para la protección de los recursos del público, la estabilidad del sistema de pagos, la política pública de pagos inmediatos (Bre-B) iniciada en 2025 y la coherencia regulatoria y de supervisión del Estado, por lo cual consideramos necesario replantear su alcance y viabilidad”.

Argumentos que fundamentan la posición gremial de Confecoop 

Desbordamiento del marco constitucional y legal y de jurisprudencia en materia de protección del recurso de los ahorradores. El proyecto introduce un esquema que excede los límites definidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, al permitir el manejo de recursos del público sin los requisitos, estándares y salvaguardas exigidas a las entidades sometidas al régimen financiero y solidario, debilitando los estándares de protección al usuario.

Introducción de arbitrajes y asimetrías regulatorias entre prestadores de servicios financieros, como por ejemplo, exigencia de seguros de depósitos para entidades financieras (Fogafin – Fogacoop) y sin garantía o protección para servicios postales; sistemas robustos de gestión integral y mitigación de riesgos para las entidades autorizadas por ley para ejercer la actividad financiera versus requerimientos débiles para los eventuales nuevos operadores, ello sin contar con afectaciones a las normas de competencia.

Afectación a política pública de inclusión financiera y procesos de interoperabilidad. La iniciativa generaría impactos negativos sobre los avances alcanzados en materia de inclusión financiera y sobre los procesos de interoperabilidad del sistema de pagos, incluidos los desarrollos liderados por el Banco de la República, como el esquema Bre-B, al incorporar actores sin reglas claras de articulación al ecosistema existente y de la infraestructura de interoperabilidad requerida para tal fin.

Incremento en riesgos de captación masiva por operadores no autorizados. El modelo propuesto incrementa el riesgo de que se presenten prácticas asociadas a captación masiva y habitual sin autorización, afectando la confianza de los asociados y la solidez del sistema.

Ausencia de supervisión técnica y especializada. Los servicios postales de pago no estarían sujetos a las autoridades de supervisión como la Superintendencia Financiera de Colombia o la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir o controlar riesgos financieros asociados a este tipo de operaciones.

Finalmente, el presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Carlos Acero expresó que las preocupaciones del sector cooperativo se encuentran sustentadas en los análisis técnicos expresados ​​por voces técnicas autorizadas como la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República, que han advertido sobre los riesgos de permitir el manejo de recursos del público sin un marco prudencial equivalente.

Por todo lo anterior, Confecoop Colombia solicita que el proyecto de decreto sea archivado, al no ajustarse al marco constitucional y legal vigente, y por representar un retroceso en materia de protección del ahorro, equidad regulatoria y estabilidad del sistema de pagos.

El sector cooperativo reitera su compromiso con el fortalecimiento de la inclusión financiera y su disposición técnica a participar en espacios de diálogo que garantizan un desarrollo técnico, ordenado, seguro y coherente del ecosistema de pagos en Colombia.