Bogotá. A finales del mes de enero, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azin, anunció la imposición de un arancel del 30% en las importaciones provenientes de Colombia bajo la premisa de que existe una “insuficiente cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales en la zona de frontera común”.
En contraparte, el Gobierno Nacional impuso aranceles del 30% a 20 productos ecuatorianos. Sobre esto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Dina Marcela Morales, afirmó que la reacción de Ecuador resulta contraria a las conversaciones diplomáticas que se venían realizando días anteriores.
Frente a este escenario, expertos y académicos coinciden en que este tipo de reacciones evidencian el papel que juegan los aranceles en los mercados internos y su incidencia en la dinámica de la globalización. La reciprocidad de estas medidas, además, genera impactos directos en ambas economías.
Efecto para ambos mercados
En medio de estas acciones bilaterales, que ponen en tensión la economía de dos países fronterizos, los empresarios colombianos deben prepararse para que productos como el azúcar, el arroz y otros de la canasta familiar, que provienen del Ecuador, ya no puedan entrar y tengan que atender la demanda de los consumidores.
Laura Cecilia Gamarra Amaya, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Colombia, explicó que “las consecuencias más severas serían de orden económico. La imposición de estos aranceles podría desacelerar el comercio bilateral, que actualmente supera los 2.700 millones de dólares anuales y se aproxima a los 3.000 millones. Además, la balanza comercial favorece a Colombia, lo que introduce una asimetría en el impacto de estas medidas”.
Mientras que Jaime Barrios, docente de la Especialización en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia, señaló que, pese a los anuncios realizados por ambos gobiernos, “Ecuador y Colombia siguen siendo parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por lo que sería necesario revisar los acuerdos vigentes, teniendo en cuenta que las medidas arancelarias no deberían afectar estos compromisos”.
Desde la perspectiva legal y financiera, la materialización de estas decisiones traerá algunas modificaciones que podrían afectar la seguridad jurídica y la inversión privada.
Una medida que podría cruzar la línea de la ilegalidad
Por otra parte, la CAN establece un “libre comercio” entre sus países miembros y tiene reglas claras para la aplicación de este tipo de aranceles y contempla mecanismos entre los cuales está la notificación previa, la realización de consultas y la solución pacífica de controversias, pasos que no han sido cumplidos hasta ahora.
A juicio de Laura Cecilia Gamarra Amaya, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Colombia, “un arancel del 30 % impuesto por Ecuador a Colombia contravendría el marco jurídico de la CAN. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta medida podría considerarse ilegal si se aplica sin iniciar ni respetar los procedimientos previamente acordados por ambos países”.
La académica agregó además que las partes podrían acudir a instancias como la Organización Mundial del Comercio o la propia Comunidad Andina de Naciones para poder dirimir sus diferencias. Sin embargo, mientras no se activen estos mecanismos “la imposición de aranceles de carácter unilateral y arbitrario no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente”.
Ahora bien, también es cierto que existe el principio de soberanía estatal, según el cual cada país tiene la facultad de establecer aranceles a otras naciones. No obstante, en el caso específico de Ecuador y Colombia, la balanza comercial sugiere que Ecuador depende en mayor medida de sus exportaciones hacia Colombia que a la inversa, por lo que el impacto económico negativo podría recaer con mayor fuerza sobre Ecuador.
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