Impactos del PND en los entes territoriales

Bogotá. El equipo de investigadores del Laboratorio de Gobierno-GovLab de la Universidad de La Sabana se dio a la tarea de resumir cuáles son los diez impactos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los entes territoriales.

La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, hay varias modificaciones que de uno y otro modo van a afectar a los entes territoriales y que por lo tanto requieren ser analizadas desde una perspectiva más amplia.

Basado en eso, el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana – GovLab, identificó aquellos artículos que por su contenido y alcance tienen un impacto territorial y serán relevantes en términos de política pública para los próximos cuatro años en la gestión pública de departamentos y municipios, en aspectos como el ordenamiento territorial, la política social, la infraestructura para la movilidad, la prestación de los servicios públicos, las finanzas públicas y la contratación estatal.

“Para este ejercicio se tuvieron en cuenta, además del documento radicado en el Congreso, las bases del PND, la exposición de motivos y el Plan Plurianual de Inversiones. Identificamos 42 artículos con incidencia en la gestión pública de departamentos y municipios, en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la política social, la infraestructura para la movilidad, la prestación de los servicios públicos, las finanzas públicas y la contratación estatal”, señaló Ómar Oróstegui, director de Laboratorio de Gobierno – GovLab, de la Universidad de La Sabana.

GovLab es un laboratorio de innovación centrado en la solución de problemas públicos, sustentados en analítica de datos para generar insumos de cara a la formulación de políticas públicas.

De esos diez impactos que relaciona el GovLab abordaremos los relacionados con el catastro y ajustes de los procesos de estratificación, de lo relacionado con mayores alternativas para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público y de la reestructuración en los modelos residuos sólidos, economía circular y eficiencia energética.

Actualización de metodologías catastrales

Ante el rezago en el avalúo catastral y los lentos resultados del catastro multipropósito de los últimos años, el actual plan de desarrollo incorpora en los artículos 30 y 36 varias apuestas para resolver este inconveniente, comenzando por hacer ajustes en la metodología y procedimientos a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Dicha modificación entraría en vigor el primero de enero del próximo año. Razón por la cual será responsabilidad de los gestores catastrales ponerse al día y garantizar que la información recopilada sea interoperable con otros sistemas. No obstante, puede que el tiempo sea corto, en particular para los municipios con dinámicas territoriales complejas y débil capacidad técnica.

Entre otras cosas, los alcaldes tendrán que adoptar y realizar ajustes a sus estratificaciones según las directrices que fije el Dane. En este sentido, el articulado plantea hacer cambios en materia de estratificación, donde la entidad responsable de formular las metodologías será el Dane y no el DNP (artículo 251-252).

La posibilidad de hacer modificaciones al modelo de estratificación permitiría mejorar los instrumentos de focalización de subsidios y ayudas estatales.

Sostenibilidad de los sistemas de transporte publico

Ante la crisis financiera de los sistemas de transporte público en muchas ciudades del país, el PND mantiene y amplía las alternativas para que los entes territoriales pueden garantizar la sostenibilidad de dichos sistemas (art. 138, 139, 143 y 145).

Se incentiva la implementación de instrumentos de captura de valor del suelo como contribución por valorización o plusvalía por obra pública; se les permitirá a los entes territoriales comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial; también se permitirá el establecimiento de precios públicos diferenciales por acceso a zonas; el cobro por parqueo en vía; hasta la posibilidad de destinar el 60% del recaudo de las multas de tránsito para financiar los sistemas de transporte.

Por otro lado, en el artículo 141, se autoriza a la Policía Nacional para usar mejores tecnologías en la detección de infracciones y órdenes de comparendo por no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). A su vez se aclara que el 50% de las multas que se impongan en virtud de lo previsto en dicho artículo serán propiedad de la Nación.

Nuevas reglas para la cofinanciación de sistemas de transporte

El plan mantiene el interés de la nación en apoyar este tipo de infraestructura, pero aclara que los aportes en especie que realice la entidad territorial no podrán superar el 30% del total pactado. A su vez los obliga a que en un periodo de seis (6) meses siguientes a la terminación de la ejecución del convenio, la entidad territorial debe garantizar la entrada en operación del 100% de las rutas del respectivo sistema de transporte público de pasajeros, sino deberá reintegrar el 40% de los recursos de cofinanciación aportados por la Nación.

Además de lo anterior, se establece que en los nuevos proyectos o sistemas se deberá incluir la obligación a cargo de las entidades territoriales de actualizar los catastros de las zonas de influencia del proyecto, en áreas de garantizar un equilibrio entre el avalúo catastral con el comercial.

Un punto relevante en los esquemas de cofinanciación es la participación mayoritaria del Gobierno nacional en las juntas y consejos directivos hasta que finalice la etapa de construcción o adquisición de los bienes. Esta propuesta puede tener un efecto en el modelo de toma de decisiones en varios proyectos de infraestructura en movilidad donde participe la nación. Por otro lado, llama la atención que, en el mismo plan, en el artículo 232, se mencione que hasta el 15% de los recursos percibidos por concepto de la contraprestación por la utilización de la infraestructura férrea y fluvial tendrán que destinarse a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI.

Reestructuración en los modelos residuos sólidos, economía circular y eficiencia energética

El componente ambiental y de sostenibilidad es relevante en el plan según se evidencia en varios artículos, entre los cuales se destacan aquellos asociados a la gestión de riesgo (art. 182), la creación Consejo Nacional de lucha contra la deforestación (art. 9), la creación del programa basura cero (art. 182), y la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas a instalaciones públicas (art. 30).

En el caso del programa Basura Cero, los entes territoriales tendrán que hacer ajustes a sus esquemas de disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos, eso implica eliminar los botaderos a cielo abierto y la transformarán hacia esquemas de enterramiento en parques tecnológicos y ambientales de valorización de residuos.

Aquí, puede descargar el documento completo y conocer al detalle el informe.