Bogotá. La no apropiación para este 2024 de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) ha generado preocupación para el gremio proveedor del recurso forestal en el país.
La no asignación de este recurso afecta tanto a pequeños como medianos reforestadores y es grave para el futuro del país ya que no hay incentivo para establecer nuevas plantaciones forestales.
Fedemaderas, el gremio que representa a más de 570 actores vinculados con la proveeduría del recurso forestal, sea este del bosque natural sosteniblemente gestionado o de los cultivos de plantaciones forestales, y de la agroindustria de productos y servicios, alerta sobre el tema.
“Al incrementarse día a día la incertidumbre para nuevos proyectos forestales, la cantidad de madera que se proveerá al eslabón transformador parece no tener salida, toda vez que la comercialización de la madera proveniente del bosque natural no está garantizada, pues las condiciones propias de su modelo de negocio no pueden competir con la madera reforestada que industrias como la bioenergía y la construcción sostenible demandan”, explicó Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de Fedemaderas.
Otro aspecto sobre el cual ha llamado la atención Fedemaderas tiene que ver con el impacto que tiene para los núcleos de desarrollo forestal, y que hacen inviable el modelo, son los costos de transporte y la tasa de compensación que se debe pagar a las Corporaciones, los cuales representan más del 50% de la estructura de costos.
Desde Fedemaderas insisten en que la seguridad forestal y del recurso maderable, así como la seguridad alimentaria, es un tema de la mayor importancia, pues ambas redes económicas, sociales y ambientales brindan los recursos para miles de personas y familias.
Panorama
Según los datos oficiales, el país cuenta con 28 Núcleos de Desarrollo Forestal que podrían gestionar poco más de 279 mil hectáreas de bosque natural y 542 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Con ello logra movilizar 3,2 millones de m3 para satisfacer poco más del 50% de la demanda nacional. Al ser un importador neto desde hace más de 15 años, las exportaciones que a diciembre de 2023 ascendieron a USD676 millones se concentran en productos varios de la economía forestal, mobiliario, pulpa y cartón. Existiendo una balanza comercial deficitaria de USD731 millones, la red forestal y de la madera aportan al PIB cerca del 0,9% a 2022, moviliza recursos por USD3,3 billones y genera en su encadenamiento completo 215 mil empleos directos e indirectos e incorpora a más de 4,2 mil familias con aprovechamientos sostenibles del bosque natural. Si a este aporte se agregan los recursos del mercado voluntario de carbono movilizados a través de los proyectos asociativos y de REDD+ para contener la deforestación del bosque natural, el aporte al PIB podría incrementarse hasta el 1,07%.
Una radiografía a mayo de 2024 presenta no obstante una situación que genera dudas sobre la efectiva cohesión de las políticas del gobierno nacional en materia de contención a la deforestación, legalidad y descarbonización, con las acciones puntuales de algunos ministerios y sus entidades ejecutoras. La incertidumbre y la pérdida de incentivos se convierten en un listado que continúa creciendo y que a mediano plazo compromete aún más el déficit del autoabastecimiento de madera para el país. Muestra claro de ello lo ha publicado el mismo Ministerio de Agricultura a través de su último boletín forestal, en donde la edad de las plantaciones forestales de entre 11 y 15 años comprenden el 29% del total nacional, entre tanto las edades más jóvenes entre 2 y 5 años apenas representan el 11%. En 10 años Colombia vivirá las consecuencias si no actuamos ya de manera diferente.
El Plan Nacional de Desarrollo encabezó esta tormentosa lista de desincentivos, retirando las exenciones de renta para nuevas plantaciones forestales e inversiones en aserríos y disminuyendo al 50% la posibilidad de no causación en el mercado de carbono para segundos turnos de cosechas. La importación de material vegetal, que el mismo gobierno había introducido al país desde las décadas de los 60s y 70s, ahora exige licencia ambiental aportando a una incertidumbre jurídica, acrecentada por cambios en el uso de la tierra por interpretaciones de algunas Corporaciones Autónomas Regionales, así como por proyectos de ley que con impulsos del ejecutivo desalientan la utilización de grandes extensiones para apalancar el establecimiento de industrias a escala, debilitando consigo la inversión extranjera directa.
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