El Estado debe adelantar nuevas acciones para proteger los maíces criollos

Montería, Córdoba. El Estado colombiano debe adelantar acciones efectivas para proteger a los organismos vivos que puedan verse afectados por las derivaciones de las modificaciones genéticas.

Las medidas de aislamiento dispuestas por las autoridades gubernamentales han resultado ineficaces e insuficientes para proteger las áreas reconocidas como resguardos indígenas, es decir, que el Plan de Bioseguridad y Seguimiento diseñado para controlar la siembra de maíz genéticamente modificado, no es suficiente.

Estas consideraciones expresadas mediante tutela por el Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta y otras jurisdicciones indígenas en contra del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fueron respaldadas por la Corte Constitucional que emitió la Sentencia T-247 de 2023 en la que se ordena al Estado proteger las semillas nativas y criollas de maíz de los pueblos indígenas, con el propósito de preservar sus conocimientos, prácticas y tradiciones ancestrales.

Para los indígenas, el Estado no brinda garantías para conservar las semillas nativas que hay en territorios indígenas.

Las medidas implementadas por el Estado, a través de una resolución del ICA, que para los indígenas no han sido suficientes son que “las siembras de maíz genéticamente modificado no se pueden hacer en áreas reconocidas como resguardos indígenas y se siembran siempre dejando como mínimo 300 metros de distancia de cultivos de maíces de variedades criollas” y “el aislamiento también puede establecerse por diferencia en el tiempo de floración, el cual debe ser superior a 15 días”.

El trabajo de Asproal en San Andrés de Sotavento, con Remberto Gil como guardián de 12 variedades de semillas nativas, permite que hoy podamos conocer que además del maíz blanco y amarillo que conocemos hay otros que muestran la variedad que tiene este producto ancestral de los indígenas.

¿Qué pasa con los zenúes?

En Córdoba y Sucre, donde hay asentamientos indígenas, especialmente de la etnia Zenú, en 15 municipios: San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimá, Purísima, Momil, Ciénaga de Oro, Chinú, San Antero, Sahagún, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, Sampués, San Antonio de Palmito, Sincelejo y San Onofre, han venido trabajando hace 30 años por la conservación de sus variedades nativas.

En el Caribe han identificado 27 variedades, de las cuales 12 están siendo custodiadas por la Asociación de Productores Agropecuarios Alternativos (Asproal) en San Andrés de Sotavento a través de su guardián de semillas, Remberto Gil Baquero.

¿Qué se está haciendo para lograr que estas 12 variedades de semillas criollas de maíz permanezcan sin ningún tipo de injerencia tecnológica? Tienen 14 hectáreas de terreno donde se siembran las 12 variedades para obtener la semilla que se entrega a los agricultores indígenas. Estos las siembran, y la misma Asociación se encarga de comprarles la producción, además de lo que guardan para su consumo familiar.

“Nosotros, aunque somos zona declarada libre de transgénicos tenemos el riesgo de contaminación porque están cerca de nuestros territorios, por ejemplo, en Cereté, ensayos de transgénicos por lo tanto se pueden contaminar nuestras variedades criollas porque los 300 metros de la resolución del ICA no son suficientes porque la contaminación con transgénicos puede darse con el viento, con abejas y muchas otras formas”, manifiesta al portal web En Nuestro Campo, Remberto Gil Baquero.

Los indígenas en el país hicieron ensayos de contaminación de transgénicos en todos los territorios. Del último que se conozcan resultados, y que por fortuna no encontraron contaminación, fue de 2001. Y la esperanza es que las variedades se sigan manteniendo puras, gracias a las prácticas que se vienen haciendo para su conservación y propagación en cuanto a la etnia zenú.