Contadores públicos demandaron a la Contraloría General de la República

Bogotá. No cayó nada bien entre los contadores públicos del país la posición de la Contraloría General de la República de querer hacer, también, responsables a los revisores fiscales y contadores públicos de los daños al patrimonio público por las actuaciones en empresas donde ellos presten sus servicios.

Por ello, el pasado 24 de noviembre el Instituto Nacional de Contadores Públicos (Incp) demandó ante el Consejo de Estado la posición institucional adoptada por la Contraloría General de la República.

En criterio de la Contraloría, “en cada caso particular y concreto cuando sean vinculados revisores fiscales y/o contadores públicos debe analizarse su conducta junto a la de los demás presuntos responsables, en relación de la “conexidad próxima y necesaria” con la gestión fiscal, (…) para establecer según el caso si hay lugar o no a declarar la responsabilidad fiscal”.

Para el Incp, admitir la tesis de que las labores de revisoría fiscal pueden guardar una relación de conexidad próxima y necesaria con los actos de administración de la empresa, supone aceptar que el revisor fiscal interviene de manera directa y determinante en los actos de administración del ente económico donde presta sus servicios, lo cual contraría principios basilares que regulan la profesión del ejercicio de la contaduría.

Cambia régimen de responsabilidades

En ese sentido, se advierte que la posición de la Contraloría  cambia el régimen de responsabilidad de los revisores fiscales, deja sin efectos jurídicos el principio de independencia que regula el ejercicio de la contaduría pública, pues elimina el distanciamiento y separación que debe existir entre los servicios prestados por el revisor fiscal y los actos económicos de la dirección de la empresa donde presta sus servicios, convirtiéndolo en coadministrador de la misma, hecho que desfigura totalmente la institución de la revisoría fiscal.

La demanda instaurada hace énfasis en que la posición adoptada por la Contraloría genera efectos nocivos que atentan contra el principio de legalidad, el orden público económico y la seguridad en el tráfico jurídico.

La demanda presentada plantea un problema jurídico de suma relevancia, pues la garantía de ofrecer cuentas auditadas por profesionales cualificados e independientes es de vital importancia para el correcto desarrollo del sector productivo y para la inserción de las empresas colombianas en la economía global.

Desdibujar el rol de la revisoría fiscal atenta contra los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con el proceso de convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales de aceptación mundial.

Por las razones expuestas, en la acción instaurada por el Incp nuevamente se hace un llamado a la Contraloría General de la República, para que en desarrollo de la lucha contra la corrupción respete los principios basilares del Estado de derecho, como son el acatamiento de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia.