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Montería. En un emotivo acto, en el que estuvieron representantes de diferentes organizaciones campesinas de Córdoba, así como el comisionado Saúl Franco y Ángela Rodríguez, coordinadora de la Comisión de la Verdad en Córdoba, voceros del campesinado expusieron sus propuestas consignadas en la Agenda Común ‘Verdades y sueños inaplazables’ para la convivencia pacífica y la no repetición.

En la construcción del documento participaron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc-Córdoba; la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, Acsucor; la Asociación Campesina para el desarrollo del Alto Sinú, Asodecas; el Comité de Víctimas revictimizadas de Valencia; Mujeres campesinas del medio y alto Sinú; y campesinos desplazados de la Asociación Campesina Agraria y Popular, Acaposcor.

Una mirada a la historia

José David Ortega, miembro de Acsucor, en su intervención recordó el alto precio que, a lo largo de la historia de este convulsionado departamento, han pagado los campesinos, tanto individual como colectivamente.

“El conflicto armado exterminó organizaciones campesinas en Córdoba, fragmentó y puso en agonía terminal la existencia de la Anuc”, recordó Ortega. Pero ese capítulo de violencia motivó a la reinvención campesina y la asociatividad regional en distintos rincones del departamento.

Y reconoce que tienen la responsabilidad histórica de reclamar los derechos del campesinado, sobre todo, para cambiar la realidades de muchos adultos mayores que han sido víctimas del despojo, el desplazamiento y la estigmatización, y que constituyen la ‘memoria amordazada’ de esta población.

A su turno, Tatiana Ortega, integrante de Asodecas, fue enfática al mencionar los daños que han afectado a las organizaciones campesinas, entre ellos: El daño a las organizaciones o a la libertad de asociación, daño al proyecto político, daño al territorio y al paisaje, daños a las economías familiares y el daño psicosocial.

Estos han contribuido, según expuso la lideresa, a la exclusión, desempleo y marginalidad que campea en los territorios rurales y campesinos de Córdoba. Así como la suplantación del estado por parte de los actores armados ilegales que, aliados con narcotraficantes y miembros de la comunidad, fungen como autoridad, restringen la democracia y cobran ‘vacunas’.


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