Montería, Córdoba. En noviembre del año pasado el presidente de la República, Gustavo Petro, habló por primera vez de revivir los mataderos municipales para enfrentar el precio de la carne. Ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, vuelve con el tema de habilitarlos para enfrentar el abigeato y los altos costos del transporte para el sacrificio y de alguna manera impactar en el precio de la carne.
El tema no es tan simple como se plantea. Porque en esencia quienes tendrán que hacer las inversiones serán los municipios, entidades que 16 años atrás dejaron acabar los mataderos municipales porque no eran sostenibles. Los más inteligentes optaron por entregárselo a los privados para que los manejaran. Algunos pudieron salvarlos, otros definitivamente no pudieron, pero no porque no tuvieran las capacidades, sino porque el sacrificio clandestino los golpeó y hoy sigue golpeando duramente.
El ingeniero industrial, Jorge López Velásquez, especialista en estructurar, diseñar, construir y operar industrias de alimentos, y quien ha estado asesorando a plantas de beneficio en el país, dos de ellos en Córdoba, para que salieran adelante y pudieran responder a los requerimientos de la norma contemplados en el Decreto 1500 de 2007, habla sobre la viabilidad de esta decisión del Gobierno Nacional.
No cumplían
Al respecto cuenta que en 2007 en el país había 1400 mataderos y hoy hay, de carne de bovinos, 120 funcionando, ¿por qué?, salieron del mercado porque no se pudieron sostener.
Los mataderos se cerraron por voluntad de los propios alcaldes porque no podían cumplir con la norma, porque no podían habilitarlos, o los cerró el Invima porque no cumplían con la norma o los cerró la CAR porque no cumplían con la parte ambiental.
“Resulta que los mataderos no les representan ingresos suficientes a los municipios para autosostenerse, eso es lo que ha pasado con todas las plantas que han cerrado. Desde lo público, además de que hay malos manejos, no están habilitados para prestar un servicio como lo prestan los privados. La planta pública funciona cuando se la entregas a un privado para que la maneje en la modalidad de concesión”, expresa López Velásquez.
Si llegasen a abrir los mataderos municipales cerrados tendrían que tener un soporte técnico, desde el punto de vista sanitario, ambiental y económico para manejarlo, de lo contrario sería meter plata, gaste y vuelva a cerrar.
“El Estado, si va a hacer una inversión tiene que garantizar que sea sostenible, desde lo económico, ambiental y sanitariamente. No puede poner un desangradero a las arcas del municipio, sabiendo que hay otros que suplen esa necesidad”, agregó Jorge López.
Claro ejemplo
En Córdoba, un claro ejemplo de lo que puede pasar con una planta pública a la que no se le invierte, pero, sobre todo, no se le garantiza que puede prestar el servicio sin competencia desleal es la de Lorica.
Esta planta fue montada por el ente territorial en 1999, pero solo cuando pasó a manos privadas, de la Cooperativa Multiactiva de Proveedores y Expendedores de Carne de Lorica, en 2003 pudo empezar a funcionar y el camino no ha sido fácil. Estuvo cerrada entre 2018 y 2019, en enero de 2020 logró superar las deficiencias que le encontró el Invima y quedó habilitada solo para autoconsumo, es decir, solo para prestar el servicio a Lorica.
Y aunque en Lorica el consumo está en 37 animales por día, en la planta solo se sacrifica un promedio de 40 animales al mes, 10 por semana.
“La clandestinidad es el mejor negocio. Lorica está en el 98% clandestino. El consumo local es prácticamente clandestino, lo legal son los supermercados de cadena, uno que otro expendio, lo demás pura informalidad, tener una planta en esas condiciones no nos ayuda. Estamos sacrificando dos veces a la semana, hay meses que no llegamos ni a los 30 animales, en esas condiciones es muy difícil mantener una planta, estamos trabajando a pérdida”, manifiesta Katia Negrette Argel, gerente de la planta de sacrificio de Lorica.
Y aunque el municipio no ha invertido nada en estos años, Negrette Argel, expresa que en este momento lo que necesitan no es inversión sino controles al sacrificio clandestino para seguir funcionando.
Acciones legales
Las nuevas plantas, las municipales que entrasen a funcionar tendrían que hacerlo bajo las reglas del Decreto 1500 de 2007, que son las mismas con las que se habilitaron las que están funcionando, en caso de que no ocurra así, el Estado colombiano podría verse enfrentado a acciones legales toda vez que quienes cumplieron con las reglas establecidas y cumplieron con ellas invocarán el derecho a la igualdad.
Y los mataderos municipales para entrar en esas condiciones necesitan recursos, pero toda esa inversión tiene que llevar una proyección financiera que tiene que recuperar el municipio.
Y el cumplimiento de las reglas también tiene que ver con aspectos ambientales que deben vigilar las Corporaciones Autónomas Regionales.
Antes que reabrir plantas municipales, inviables económicamente, lo que se ha aconsejado en varias oportunidades son las redes de frío. Es decir, que el municipio tenga un cuarto frío donde guardar la carne de la semana y tenga un camión para transportarla y este lo ponga al servicio de los carniceros.
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