ANT ha constituido 7 Juntas de Baldíos y notificado 1.000 reglamentos de uso de ciénagas y humedales
Montería, Córdoba. El proceso de constitución e instalación de las Juntas de Baldíos Inadjudicables (JBI) avanza en el departamento de Córdoba, donde ya se han conformado siete juntas en zonas estratégicas de los municipios de Montería (Berlín y Martinica), Cereté (Corralito y Vichal), Ciénaga de Oro (Charco Ají), San Carlos (Playa Rica) y en la jurisdicción de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Este avance, liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fortalece la participación ciudadana y la articulación institucional para la protección de los bienes públicos, en el marco de la Reforma Agraria que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las Juntas de Baldíos Inadjudicables tienen la misión de garantizar el cumplimiento de los reglamentos de uso y manejo de predios que forman parte del patrimonio público de la Nación, con especial atención en ecosistemas estratégicos como ciénagas, humedales y playones.
“Para nosotros, los campesinos y pescadores de la ciénaga Charco Ají, esta ha sido una oportunidad histórica. La instalación de la Junta de Baldíos y la reglamentación del uso y manejo de este humedal nos permite adelantar un aprovechamiento legal, que garantiza el sostenimiento de nuestras familias”, señaló Víctor Moreno, integrante de la JBI del municipio de Ciénaga de Oro.

La Agencia Nacional de Tierras ha expedido más de 1.000 reglamentos de uso, aprovechamiento y manejo, beneficiando directamente a igual número de familias campesinas y de pescadores que habitan estos bienes de uso público inadjudicables.
Prevenir ocupación indebida
Estos espacios buscan prevenir la ocupación indebida de baldíos y promover una gestión territorial participativa, diversa y con enfoque diferencial, fortaleciendo el control social y el uso sostenible del suelo en áreas de alto valor ambiental y cultural.
Córdoba es un departamento privilegiado por la presencia de tres grandes afluentes: el Sinú, el San Jorge y el Cauca, condición que ha dado lugar a una vasta red de cuerpos de agua con alto valor ecológico, social y cultural. Entre ellos se destacan la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la Ciénaga de Ayapel y otros humedales como Charco Ají, Corralito y Berlín, fundamentales para la biodiversidad y el sustento de numerosas comunidades. No obstante, estos ecosistemas han sido históricamente vulnerados por ocupaciones ilegales y prácticas extractivas indiscriminadas, sin una respuesta institucional efectiva para su defensa y preservación.
Hoy, con la implementación de los reglamentos de uso y la conformación de las Juntas de Baldíos Inadjudicables, el Gobierno nacional avanza en la protección efectiva de estos territorios estratégicos, promoviendo su manejo sostenible y asegurando la defensa de los bienes públicos de la Nación.
En este marco, la Agencia Nacional de Tierras ha expedido más de 1.000 reglamentos de uso, aprovechamiento y manejo, beneficiando directamente a igual número de familias campesinas y de pescadores que habitan estos bienes de uso público. Estos instrumentos permiten el desarrollo de actividades agrícolas y pesqueras de manera regulada, favoreciendo el sustento digno de las comunidades y aportando a la seguridad alimentaria del departamento de Córdoba.

La Junta de Baldíos Inadjudicables previene ocupaciones indebidas y orienta el uso adecuado de ciénagas, humedales y playones, garantizando el equilibrio ambiental y el acceso justo a la tierra en el marco de la Reforma Agraria.
Derechos y obligaciones de las comunidades
La notificación de estos reglamentos ha estado a cargo del equipo de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, en articulación con la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Noroccidente en Córdoba. A través de estos instrumentos jurídicos, se definen con precisión los derechos y obligaciones de las comunidades campesinas y pesqueras frente al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales presentes en ciénagas, humedales y playones vinculados a la cuenca del río Sinú.
Este afluente atraviesa los municipios de Montería, Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro, Cotorra, San Pelayo, Lorica, Momil, Purísima y Chimá, donde la acción coordinada del Gobierno nacional busca garantizar la conservación ambiental y el bienestar de quienes habitan estos territorios.
“En los reglamentos de uso se establece quiénes tienen derecho a ingresar a los predios y hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos; además, queda absolutamente claro que no se puede hacer negocio con estos terrenos, ya que la Ley Agraria prohíbe su compra o venta”, precisó Leonardo Ariza, funcionario de la Subdirección de Administración de Tierras de la ANT.
Montería lidera las notificaciones
El mayor número de notificaciones se ha realizado en el municipio de Montería, donde 410 ocupantes del humedal Berlín, 406 personas que hacen uso de las ciénagas de Martinica y Jaraquiel, en el corregimiento de Leticia, y 61 ocupantes de la ciénaga Playa Rica, en San Carlos, fueron formalmente notificados sobre los reglamentos de uso. De igual forma, en el municipio de Ciénaga de Oro, se notificaron 76 familias asentadas en la ciénaga Charco Ají, un ecosistema estratégico que abarca 441 hectáreas.
Mediante los reglamentos de uso y la conformación de las JBI se define con claridad quiénes tienen derecho a ingresar a los predios y hacer uso sostenible de los mismos, priorizando a campesinos sin tierra y en condición de vulnerabilidad, con el fin de garantizarles sustento, seguridad alimentaria y una relación armónica con el entorno natural.
La Junta de Baldíos Inadjudicables, encargada de acompañar y vigilar el cumplimiento de estos lineamientos, está integrada por dos representantes de la comunidad, dos miembros de la administración municipal, un delegado del Ministerio de Ambiente, un representante de la Corporación Autónoma Regional CVS y un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. Además, cuenta con la veeduría de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, instituciones que velan por la protección de los derechos de las comunidades campesinas y pesqueras involucradas.