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Bogotá. El Gobierno nacional anunció su intención de limitar las exportaciones de carne de res como medida para garantizar el abastecimiento interno y contener presiones inflacionarias, en medio de las pérdidas ganaderas ocasionadas por las intensas lluvias e inundaciones recientes. La decisión se enmarca en un contexto de alerta por el impacto climático en Córdoba, departamento que concentra el 9,3% de las cabezas de ganado sacrificadas y el 63,3% del volumen exportado en 2025.

Sin embargo, desde el Centro de Pensamiento Económico Anif se advierte que la medida no sería la más adecuada ni para la economía del país ni para el sector ganadero. Según su análisis, solo el 2,8% de las cabezas sacrificadas se destina al mercado externo, por lo que el efecto sobre los precios internos sería limitado, mientras que sí generaría costos reales para productores y hogares.

Contexto del mercado

En enero de 2026, el precio de la carne registró una aceleración anual de 11,7%, tendencia que ha presionado el presupuesto de los hogares. Al mismo tiempo, el sector exportador mostró un dinamismo positivo: las ventas externas crecieron 38,6% en 2025, impulsadas por la apertura del mercado chino.

La concentración de la producción en Córdoba hace que el departamento sea el más expuesto a una eventual restricción exportadora. Paradójicamente, la medida diseñada para responder a su crisis climática podría afectar de manera directa a los productores locales, cuya actividad está orientada principalmente al exterior.

De acuerdo con datos del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (Sipsa), en febrero los precios internos de la carne se mantuvieron estables pese a las inundaciones en Córdoba, gracias al abastecimiento proveniente de otras regiones como Antioquia y Meta. Esto refuerza la tesis de que las dinámicas internas, más que las exportaciones, determinan el comportamiento de los precios.

Riesgos de la medida

Expertos advierten que restringir las exportaciones podría erosionar la confianza de socios comerciales y desincentivar la inversión futura, reduciendo la competitividad del sector. Para Córdoba, el impacto sería mayor, al perder acceso a mercados consolidados y enfrentar una menor rentabilidad, lo que iría en contravía del objetivo del Gobierno de garantizar estabilidad y crecimiento.


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