Superintendencia de Sociedades admite validación judicial del acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo

Bogotá. La Superintendencia de Sociedades informó que, mediante el Auto 2026-01-060247 del 13 de febrero de 2026, fue admitido el trámite de validación judicial del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización de la sociedad Almacenes Flamingo S.A., en el marco de lo establecido por la Ley 1116 de 2006, el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2437 de 2024.

La negociación se adelantó bajo el Procedimiento de Recuperación Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín y obtuvo la aprobación del 90,78% de los acreedores, superando ampliamente la mayoría exigida por la normativa concursal. Con corte a noviembre de 2025, la compañía reportó activos por $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones, incluyendo obligaciones laborales, fiscales y parafiscales certificadas.

Lineamientos del acuerdo

El acuerdo establece medidas para garantizar la atención ordenada del pasivo:

• Prioridad a créditos laborales, fiscales y parafiscales.
• Cumplimiento para acreedores garantizados, respetando la prelación legal y con posibilidad de enajenar inmuebles hipotecados si es necesario.
• Pago inicial proporcional a proveedores y obligaciones de cuarta clase, con un programa de amortización gradual desde 2028.
• Esquema de pagos diferidos para acreedores quirografarios, con tasa de interés reducida.

Además, incorpora reglas de gobierno corporativo, restricciones a la distribución de dividendos, deberes de información, conformación de un Comité de Acreedores y compromisos de transparencia.

Declaraciones oficiales

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que la admisión del trámite “constituye un paso decisivo para asegurar la viabilidad financiera de la compañía y la adecuada protección del crédito en un proceso que involucra a más de quinientos acreedores”. Añadió que la aprobación mayoritaria refleja la confianza en la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos y subrayó la importancia del régimen concursal como herramienta para preservar unidades productivas, proteger el empleo y evitar la destrucción de valor.