Ganaderos piden a congresistas cordobeses defender al sector en el Congreso

Montería. El gremio ganadero de Córdoba, a través de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), pide a los congresistas cordobeses defender al sector ganadero del país de los ataques de que es objeto con varios de los proyectos que cursan en el Congreso.

Apoyado en el hecho de que Córdoba siempre ha sido un departamento agropecuario que durante mucho tiempo ha movido la economía del territorio, el presidente ejecutivo de Ganacor, Alfredo García Burgos, le pide a los Senadores y Representantes a la Cámara que unan sus voces para defender la principal actividad económica del Departamento.

Recuerda el dirigente gremial, en carta dirigida al Representante Erasmo Zuleta Bechara, con copia a los demás congresistas cordobeses, que el trabajo de los ganaderos ha llevado a posicionar la actividad como referente nacional por lo cual hoy se tienen 31.640 predios ganaderos con un censo poblacional de 2.290.058 bovinos que ponen a Córdoba como el segundo departamento con mayor número de animales y la producción de 420.000 novillos cebados al año que ubica a Córdoba como el principal productor de carne bovina en el país siendo el principal exportador de carne en Colombia, y en el sector lácteo Córdoba ocupa el primer puesto como productor en el Caribe y el cuarto a nivel nacional.

Proyectos

Los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República y que afectan al sector ganadero, de acuerdo con el análisis que  han hecho de ellos representantes del sector como el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, son:

El Proyecto de Ley Estatutaria No. 132/20 “Por la cual se crea una especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”, que ya hizo trámite en la Cámara de Representantes y está en discusión en el Senado.

El segundo es el Proyecto de Ley No. 283/19 Cámara “Por medio del cual se sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones”.

El tercero es el Proyecto de Ley No. 011/20 Cámara “Por la cual se expide el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal”.

En cuanto al primero, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, indicó que es un proyecto que tiene su origen en el Acuerdo Final con las Farc y específicamente en la Reforma Rural Integral convirtiéndose en “otro ataque a la propiedad privada de la tierra”.

Este propone crear en la jurisdicción ordinaria la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia; las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial; los juzgados agrarios y rurales del Circuito. Y en la jurisdicción contencioso administrativa la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos, los Juzgados agrarios y rurales administrativos. Con lo cual se aumentaría la burocracia.

De acuerdo con lo expuesto por el dirigente, “desde el enunciado mismo del objetivo de la Ley, se presenta la distorsión de limitar la especialidad judicial agraria y rural, al marco procesal que rige la resolución de los litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural…, es decir, exclusivamente al tema de la tierra, desconociendo una visión integral u holística de lo rural”.

En otro de los apartes del proyecto de ley se habla de la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra y se refiere al “uso lícito y adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial”, lo cual en concepto de Lafaurie abre la puerta a una expropiación de la propiedad.

A ello se suma que consagra la “Función Ecológica de la Propiedad”, como la limitación a la que se encuentra sujeto el derecho a la propiedad, ligado con el concepto de desarrollo sostenible y se convierte en una amenaza al sector agropecuario y minero porque habría severos problemas para realizar cualquier tipo de actividad.

Además, el Gobierno Nacional deberá presentar un proyecto de ley de reforma de la ley estatutaria de la administración de justicia que se ocupe de la solución de las controversias ambientales que se presentan en el territorio nacional, a través de la creación de una especialidad agraria y ambiental en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Otro aspecto que preocupa del proyecto es que los jueces agrarios van a poder tomar partido a favor del que se considera más vulnerable con lo cual se pierde todo sentido de imparcialidad e incluso puede decidir por fuera y más allá de lo demandado por la parte más vulnerable.

“Se puede concluir, que la concepción del proyecto de ley como un producto resultante del Acuerdo Final con las Farc y sujeto a los lineamientos de esa negociación, se convierte en la reedición de la amenaza, recurrente en la historia del país, al derecho a la propiedad legítima de la tierra, a partir de los sesgos que permean todo el articulad””, señaló el directivo.

Segundo proyecto 

En cuanto al segundo proyecto de ley, el de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, señaló que este enfoque trasciende el ámbito de las sanciones de índole administrativa, para convertirlas en conductas sancionables por el derecho penal, es decir, convirtiéndolas en delito.

Manifestó que a la ganadería se le acusa de ser uno de los principales factores de deforestación, desconociendo la deforestación creciente derivada del narcotráfico, y la “de siempre” por cuenta de una industria maderera en su mayoría informal, conectada con grupos al margen de la ley en las zonas de extracción ilegal, y sin mayores controles a lo largo de su cadena productiva.

También se le acusa de ser uno de los grandes emisores de Gases de Efecto Invernadero y de la presunta utilización ineficiente de los suelos “desconociendo los esfuerzos de modernización ganadera que Fedegán ha emprendido en las dos últimas décadas, con énfasis en la Gestión del Conocimiento y, más recientemente, con un liderazgo claro, a nivel mundial inclusive, en sistemas sostenibles de producción, principalmente a partir de Sistemas Silvopastoriles”.

Respecto al tercer proyecto del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, señaló que crea una nueva parafiscalidad y una burocracia que no se necesitan, al tiempo que cuestiona las actuales prácticas ganaderas.

Por su parte, Paula Botero, reconocida ganadera de la hacienda Formosa en Ansermanuevo (Valle del Cauca), indicó que si bien la propuesta del representante Juan Carlos Losada tiene artículos positivos, hay otros muy ambiguos que ponen en riesgo el trabajo de todos aquellos que se dedican a la cría de cualquier ejemplar.

El otro inconveniente que ve Botero es que el proyecto tiene un fuerte tinte ideológico y su estructuración se hizo de espaldas al campo, sin tener en cuenta la opinión y conocimiento de quienes integran al sector.

“El proyecto no es realista, niega la sabiduría del campesino y pone a los criadores de cualquier especie al nivel de explotadores. Solo faltaba que nos llamaran así”, criticó.