Bogotá. La sentencia de la Corte Constitucional (C148-22) que declara inconstitucional la pesca deportiva, afecta a miles de familias rurales, indígenas y campesinas que derivan su sustento de esta actividad. Los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país manifiestan su preocupación frente al tema y señalan que Colombia cuenta con especies únicas, lo que lo ha convertido en un paraíso para pescadores deportivos y ha generado todo un tejido de desarrollo sostenible en las zonas más alejadas del país.
Más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad y ahora ven en riesgo la generación de ingresos de manera lícita y en armonía con el medio ambiente.
“Como actores involucrados en la práctica de la pesca deportiva nos preocupa que este fallo no haya tenido en cuenta a las comunidades indígenas y a todas las personas que derivan su sustento del turismo que genera la pesca. Creemos que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las comunidades de vincularse a una economía limpia, sostenible y por sobre todo afecta el bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio ambiente del cual depende y retroalimenta. La Pesca Deportiva tiene un valor estratégico enorme en la conservación””, se lee en uno de los apartes del comunicado emitido por diferentes actores de la pesca deportiva.
El llamado de las comunidades indígenas afectadas con la decisión de la Corte Constitucional es a que se reconsidere porque los están afectando en su economía que hoy es lícita con esta actividad.
En Colombia se generan alrededor de COP $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país.
Delio Suárez, capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, del departamento del Guainía, señala que “Hacemos un llamado respetuoso a la Corte Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”.
“Estamos comprometidos con proyectos que tengan en cuenta el aspecto ambiental, social y económico y que generen desarrollo de una manera respetuosa con el medio ambiente; por eso estamos prestos a colaborar en la construcción de la normativa que se considere necesaria para continuar con esta actividad que pone a nuestro país entre los 5 mejores destinos turísticos para su desarrollo”, precisan en el comunicado.
El comunicado es respaldado entre otros, por la Red de Pescadores Deportivos de Colombia, Pispesca, Las Lagunas, Colombia Pesca, Cascabel, Afloat, Orinoco Flies, Amigos de Cartagena, CFT, Oskar Posada Ríos, Importa Expertos, Pesca Tips, Fly Fishing Colombia, Pesca Salvaje y Almacén de Camping.
¿Cuál es tu reacción?
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Más en:Economía
